Henry Castellanos Garzón, como es el nombre real del desmovilizado guerrillero, debió presentarse a dar declaraciones por los secuestros que cometieron las Farc en el conflicto pero nunca cumplió la cita del pasado 20 de marzo.

Horas antes de la diligencia, su defensa pidió fijar una nueva fecha argumentando amenazas de seguridad para el compareciente y su familia, y alegando que no había “seguridad jurídica” para avanzar en el proceso.

Sin embargo, la JEP señaló que, a la fecha, Castellanos no ha aportado pruebas “que justifiquen su desacato a las órdenes judiciales ni haya permitido hacer el estudio de riesgo que comprobaría su situación de seguridad”.

Posteriormente, se fijó para el 27 de mayo una nueva diligencia, a la que tampoco llegó ni presentó excusa por su inasistencia.

Este proceso busca establecer si ‘Romaña’ “está cumpliendo las condiciones del sistema y persiste en su permanencia dentro del proceso de paz, y darle la oportunidad para ejercer su defensa ante los hechos que indican el incumplimiento de sus obligaciones”.

“Las diligencias de versión a las que estaba citado Castellanos buscan reunir la información necesaria para construir la verdad de los graves hechos cometidos en el conflicto armado y sobre los cuales puede tener responsabilidad. La comparecencia a las versiones en la JEP es personal, indelegable y obligatoria”, puntualizó la justicia transicional.