La sanción presidencial era cuestión de tiempo, luego de que en días pasados, la Corte Constitucional determinara que las objeciones del Jefe de Estado se habían hundido en el Congreso.
Ahora, con este documento, la JEP tiene un régimen legal propio y una autonomía administrativa, presupuestal y técnica; y le da preferencia sobre todas las demás jurisdicciones en Colombia para conocer el conflicto armado y los hechos que ocurrieron en este antes del primero de diciembre de 2016.
Entre tanto, la JEP señaló en un trino que esto también dará “más garantías para las víctimas, más seguridad jurídica para los comparecientes y más claridad sobre las competencias de la JEP”.
Este documento de 75 páginas y 159 artículos también lleva la firma de los presidentes y secretarios generales del Senado y la Cámara de Representantes, Ernesto Macías, Gregorio Eljach, Alejandro Chacón y Jorge Humberto Mantilla, respectivamente.
Por el lado del ejecutivo también fue aprobada por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; el ministro de Defensa, Guillermo Botero; y el viceministro de Justicia, Juan Francisco Espinoza, esto porque no se ha posesionado Margarita Cabello como ministra de Justicia.
Entre tanto, la ministra de la cartera política señaló que “una vez sea promulgada la ley, se estudiarán los proyectos que se radicarán para reformar el acuerdo de paz y proteger el mecanismo de extradición”, reformas que se harán después del 20 de julio cuando el Congreso vuelva a sesiones, afirmaron W Radio y LA FM.
Gutiérrez también señaló que en el próximo consejo de ministros se debatirán las modificaciones que se le quiere hacer a la Ley Estatutaria como “evitar que los delitos sexuales contra niños sean revisados por la justicia transicional” y que el Gobierno seguirá en contacto con los partidos políticos para dar luz verde a estas reformas, añadió El Espectador.
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