Esos funcionarios son la Subsecretaria de Servicios de Movilidad, Diana Lucía Vidal Caicedo; la Directora de Asuntos Legales, Carolina Pombo Rivera, y la Directora del Servicio al Ciudadano, Laura Sofía Carvajal de León, informa la Procuraduría en un comunicado.
La Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial cree que en el proceso de adjudicación no se habrían practicado los estudios técnicos “necesarios y suficientes para prever y resolver las posibles circunstancias que pudieran presentarse a futuro y evitar así poner en riesgo la administración pública”, agrega el despacho oficial.
Para la Procuraduría, es necesario verificar si las “decisiones tomadas por los funcionarios fueron debidamente planeadas para asegurar el mejor interés de la ciudad, y si la apertura de la licitación y la administración del servicio de patios y grúas en la capital respondieron a una estrategia clara, planeada, coherente y encaminada a la obtención de los objetivos que debe perseguir la administración pública”, continúa el texto.
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También agrega que el Ministerio Público busca “determinar si las acciones ejecutadas hasta ahora por los directivos de la Secretaría de Movilidad han contribuido a la protección del patrimonio público, acatando los mandatos constitucionales, legales y reglamentarios vigentes”.
Según el órgano de control no habría claridad sobre la capacidad financiera de la Secretaria de Movilidad para adquirir los predios necesarios y proveer los espacios destinados para la tenencia y custodia de los vehículos. Por eso, considera que los investigados disciplinariamente “no habrían observado los principios de planeación y economía en la contratación estatal”.
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