Se trata de la comunidad indígena del resguardo Pichicora, que denuncia que está confinada por enfrentamientos entre esos 2 grupos armados ilegales.

“Clamamos atención humanitaria urgente de protección a la vida del pueblo embera que habita en esta región del Chocó”, dijo este domingo en un comunicado la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del departamento (Fedeorewa), el cual fue compartido en Twitter por la ONIC.

Según la información, desde la noche del viernes hay combates entre el grupo guerrillero y el paramilitar e, incluso, 10 granadas fragmentarias explotaron en la localidad de Nueva Jesuralén, donde viven 37 familias.

El informe detalla que estos grupos han puesto como escudo humano en la línea de fuego cruzado a la población embera del sector, llevándolos a total confinamiento.

La Fedeorewa denunció además que los ilegales prohíben a las comunidades movilizarse hacia otros lugares donde puedan refugiarse de los enfrentamientos y son obligados a resistir en medio de las balas.

Afirman también que los botes en los que la comunidad se moviliza por los ríos de la zona “fueron inmovilizados por miembros de estos grupos” y que muy pocos habitantes “tienen la opción de hacer largas caminatas llevando a sus hijos pequeños en brazos y ancianos por las montañas”.

La Federación pidió ayuda de los organismos humanitarios para que exijan el respeto a la vida en momentos críticos para las comunidades indígenas y afros del país por la emergencia sanitaria causada por el coronavirus.

“S.O.S. Esta es la cruda realidad que atraviesan los pueblos emberas del Chocó. Se resguardan de la pandemia, huyen de las balas y lanzan su voz de ayuda al mundo”, escribió en Twitter el consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Kankui.

La comunidad embera se disponía a cumplir la cuarentena obligatoria que empezó en Colombia el pasado 25 de marzo, pero las condiciones de seguridad los obligaron a abandonar sus hogares y tratar de resguardarse en la selva.

“Muchas familias continúan allí dentro del fuego cruzado, solo 37 familias lograron huir hacia la comunidad La Piñita a la cual llegaron para resguardar sus vidas”, detalló la Fedeorewa.

La entidad manifestó que los enfrentamientos y hostigamientos cada vez son más constantes y que “todas las comunidades vecinas resultan afectadas por este violento accionar”.

La víspera de año nuevo sorprendió a los habitantes del caserío de Pogue, que también hace parte de Bojayá, escenario en 2002 de una de las peores matanzas del conflicto armado colombiano, con la incursión de hombres de las Autodefensas Gaitanistas en su territorio.

Por la denuncia de fuertes hostigamientos y el confinamiento de la comunidad, el presidente Iván Duque inició su agenda de este año con una visita a Bojayá en la que se comprometió a aumentar la presencia militar y la inversión social en el municipio.

Sin embargo, las denuncias de gente, que vive principalmente en territorios selváticos, continúan.

El líder social Leyner Palacios, sobreviviente a la masacre de 2002, dijo a la agencia EFE que en la zona la situación empeora diariamente y el alivio para estas comunidades no llega.

“Bojayá hoy es un campo de guerra y silencio”, afirmó Palacios, defensor de derechos humanos constantemente amenazado por los grupos armados por denunciar la situación del departamento.

El pasado 17 de noviembre, durante la entrega a la comunidad de los restos de cerca de un centenar de víctimas de la matanza del 2 de mayo de 2002 en Bojayá, organizaciones sociales y la Diócesis de Quibdó, capital del Chocó, advirtieron al Gobierno sobre el “inminente riesgo” de que ocurra una nueva masacre en la zona.

Desde la desmovilización de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas y el Eln, que a raíz del coronavirus declaró un alto el fuego unilateral durante todo el mes de abril, se disputan a muerte por el control de vastas zonas del Chocó por ser estratégicas para las rutas del narcotráfico.