El denominado ‘elefante blanco’ en el que se convirtió el hospital del corregimiento de La Loma continúa poniendo en el banquillo de la justicia a más exfuncionarios. Esta vez el turno fue para el exalcalde de El Paso, Luis Alberto Murgas Pupo, imputado por la Fiscalía por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

Junto a él responderá por el mismo delito su exsecretario de Planeación Javier José Rosado Mendieta. Según la investigación de la Fiscalía 12 seccional, los dos iniciaron un proceso de licitación para la obra del hospital de La Loma cuyo contrato para su construcción presentó irregularidades.

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Este se celebró el 9 de febrero de 2015 por valor de $ 5.622.804.252 de los cuales $ 3.961.550.544 estaban a cargo del municipio y $ 2.000.0000.000 de la Gobernación para una ejecución de 6 meses. Sin embargo, al iniciar la obra el 26 de mayo de 2015 comenzaron a realizar actas para postergar su entrega, incumpliendo el último plazo destinado para el 2019.

Por eso, actualmente, tras siete años, la obra está inconclusa y presenta solamente un 63,62 % de ejecución.

Se tiene entonces, que las modificaciones y la no terminación de obra, obedece a la falta de planeación del contrato, ya que, durante el desarrollo de la etapa precontractual, el proyecto no tuvo en cuenta la normatividad de la infraestructura hospitalaria, consagrada en la Resolución No. 00002003 del 28 de mayo de 2014, por lo que, como era de esperarse, al no tenerse en cuenta la normatividad, el contrato no podría desarrollarse con las condiciones que el estudio previo y las características de la obra fueron propuestos por la administración municipal”, dijo la Fiscalía.

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Así las cosas, el exalcalde Luis Alberto Murgas, quien por cuarta vez aspirará a la alcaldía de El Paso, según apuntó el diario La Calle, y el exsecretario Javier José Rosado fueron judicializados ante el Juzgado Primero Penal Municipal con función de Control de Garantías de Valledupar donde se declararon inocentes.

Lo que sigue del proceso lo enfrentarán en libertad debido a que el representante del ente acusador no pidió en su contra una medida de aseguramiento.