El caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) acaba de dar el salto más temido por la clase política: de los micrófonos de la prensa a los expedientes de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. El magistrado Misael Rodríguez ya tiene listo el “arsenal” de pruebas que demostraría cómo cinco congresistas habrían convertido su función legislativa en una moneda de cambio para obtener millonarios contratos estatales, según informó Semana.
La joya de la corona en esta investigación es un objeto aparentemente inofensivo: un bloc de páginas amarillas. En ese cuaderno, de puño y letra de Olmedo López, quedaron registrados los proyectos específicos en los que los parlamentarios tenían un “interés especial”. No eran simples sugerencias; según la investigación, eran las condiciones para dar el “sí” a las reformas del Gobierno Nacional, de acuerdo con la citada revista.
La evidencia no se queda en el papel. El exsubdirector Sneyder Pinilla entregó conversaciones de WhatsApp y Signal con María Alejandra Benavides, quien fuera la asesora clave del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. En los chats se leía la urgencia por verificar el estado de contratos en zonas estratégicas como Cotorra (Córdoba), El Salado (Bolívar) y Saravena (Arauca).
En estas conversaciones, nombres como el de Wadith Manzur aparecen en primera línea. Según el expediente, las presiones no eran sutiles; se discutían porcentajes de repartición y se daban instrucciones sobre cómo agilizar los desembolsos. Todo esto coincide con ingresos “injustificados” de los congresistas al Ministerio de Hacienda, captados en cámaras de seguridad que ya están en manos de la justicia.
Los tres proyectos que hoy tienen a los políticos contra las cuerdas suman una cifra escandalosa:
- Cotorra (Córdoba): 50.000 millones para drenaje de aguas lluvias.
- Saravena (Arauca): 30.000 millones para protección sobre el río Bojaba.
- El Salado (Bolívar): 12.356 millones para mitigación de erosión.
Mientras Sneyder Pinilla y Olmedo López siguen negociando sus preacuerdos con la Fiscalía (Pinilla incluso ofreció pagar 5 años de cárcel), la Corte Suprema avanza en una ponencia que podría terminar en capturas inminentes. El país asiste a la revelación de cómo se habría aceitado la maquinaria legislativa con la plata de las emergencias de los colombianos más pobres.
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