En el marco del retorno a las aulas de clase, padres de familia, estudiantes, docentes y rectores de algunas instituciones educativas en el departamento de Vichada han manifestado su preocupación frente a la falta de condiciones para el regreso a las actividades escolares. Por ende, solicitan al gobierno regional y nacional extremar medidas que permitan garantizar a los estudiantes su oportuna enseñanza en las aulas.
La falta de baterías sanitarias, agua potable y el servicio de electricidad en algunos planteles educativos, así como la falta de transporte escolar y la no operación de la residencia escolares respaldan las denuncias. Estas situaciones motivaron en febrero pasado un paro estudiantil en la vereda Aceitico (Puerto Carreño) y otro en el colegio de la inspección El Tuparro (Cumaribo).
En la Escuela Normal Superior Federico Lleras Acosta, el pasado 11 de febrero se llamó a un cese de actividades por afectaciones en la infraestructura de la sede educativa. Finalmente, bajo compromisos, como la reparación de baterías sanitarias, instalación de implementos de bioseguridad y tanques para suministro de agua, que la Secretaría de Educación Departamental cumplió, retomaron las clases.
“Para iniciar el año escolar hay que tener unas condiciones mínimas pero dignas, baterías sanitarias, ventilación en las aulas, agua potable y el tema de buena infraestructura”, dijo el docente Rigoberto Alezones, vocero del comité pro necesidades de la Normal.
Como si fuera poco, este colegio vive bajo la amenaza latente del desplome de una infraestructura de dos pisos, ubicada en el centro de la institución. A pesar de las medidas por parte de la rectoría de desalojar ese espacio y acordonar con cinta amarilla el área prohibiendo el paso de estudiantes, esto, no garantiza que la estructura, notablemente fracturada, se desplome causando una tragedia.
“Qué están esperando, que esa estructura termine de colapsar, se desplome y ocasione la muerte a nuestros niños”, declaró Delia Gaitán, acudiente de un estudiante de esa institución educativa.
“Se miran las grietas, las columnas se están desmoronando”, dijo a EL MORICHAL la rectora Luz Elsy Moreno. Según la directiva, hace más de 20 años el Gobierno central no ha invertido recursos en la planta física, una sede administrativa que tiene cerca de 60 años de haber sido construida.
“Desde el año pasado estamos haciendo el llamado”, dijo Moreno. Pero nadie pone atención a las solicitudes de esa comunidad educativa. “Hasta cuándo esta situación, el Gobierno debe actuar ya y no ignorar este llamado urgente”, reclamó Gaitán.
Las fallas estructurales han provocado aglomeración por la reducción de aulas de clase. “Estamos trabajando en los espacios que tenemos, en aras de proteger a nuestros estudiantes del riesgo de un accidente por derrumbe en la sede principal”, declaró la rectora. En cada salón estudian entre 30 y 45 alumnos, en una zona donde las altas temperaturas son parte de la cotidianidad.
En el año 2021 la Normal Superior recibió la visita de una comisión del Ministerio de Educación, para evidenciar el estado de la infraestructura y las condiciones del plantel. Pero no hubo acuerdos o compromisos frente al problema.
“Vinieron a mirar, pero no nos dejaron ningún informe o compromiso, acá solo se ha hecho curaciones en las tejas de las aulas y algunos maquillajes con pintura”, dijo Moreno.
Para los 2.000 estudiantes, los 800 padres de familias y los 42 docentes de esta institución educativa pionera en Puerto Carreño, la inversión de recursos debe priorizarse en la educación como un derecho fundamental.
“Sobre todo en estas regiones tan apartadas hay que invertir más en educación”, manifestó Víctor Hernández, presidente de la Asociación de Padres de Familia del colegio. “Tuvimos una reunión con el secretario de Educación y nos dijo que los recursos son muy pocos. Esto ha generado que año tras años esta institución en materia de infraestructura vaya en decadencia, se está cayendo, en la sede de primaria no funcionan los baños y en invierno se inunda, todos los techos hay que cambiarlos”, explicó Hernández.
Ante el Padre Jairo Pardo, secretario de Educación Departamental, EL MORICHAL buscó respuesta a las denuncias. El funcionario dijo que se requiere de un criterio técnico por parte del Ministerio, “ellos son los que deben enviar un técnico para posteriormente realizar cualquier intervención”.
Y agregó que: “No podemos demoler la infraestructura nosotros, porque eso sería daño patrimonial”.
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