
El Gobierno del presidente Gustavo Petro dio a conocer oficialmente el proyecto de ley que convoca a una asamblea nacional constituyente, con la cual busca abrir un nuevo proceso de deliberación nacional para redactar una nueva Constitución. El documento fue elaborado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Lynett, y se presentó de manera formal este jueves desde Shanghái.
En un comunicado leído desde esa ciudad china, Montealegre explicó que la propuesta pretende “iniciar un proceso constituyente que transforme el país y le brinde nuevas instituciones que respondan a las necesidades del siglo XXI”. Añadió que, con este paso, el Gobierno busca “derrotar el bloqueo institucional que impide el progreso” y abrir espacios de participación para los sectores históricamente excluidos del poder político.
El proyecto de ley deberá ser radicado ante el Congreso para su trámite formal. Si obtiene la aprobación mayoritaria, la Corte Constitucional revisará su constitucionalidad antes de que el pueblo sea convocado a las urnas. De ser avalado en consulta, se iniciaría el proceso electoral para elegir a los 71 delegatarios que redactarían el nuevo texto constitucional en un plazo de tres meses. Sin embargo, este proyecto plantea una reforma constitucional integral, es decir, que puede resetear toda la institucionalidad colombiana.
El Gobierno insiste en que se trata de un proceso democrático y participativo, orientado a fortalecer el Estado social de derecho, superar el bloqueo institucional y abrir paso a un modelo más incluyente. Para Montealegre, la Constituyente sería “la oportunidad de construir una nueva Constitución del cambio social”, que renueve el pacto político fundacional de Colombia tres décadas después de la Carta de 1991.




Esta es la primera vez que el Gobierno da un paso a una idea que tiene desde hace más de un año el presidente. Sin embargo, analistas han expresado sus preocupaciones y han dado hipótesis de las verdaderas intenciones detrás de esta iniciativa. Uno de ellos es Hernando Herrera, experto jurista de Caracol Radio. Para él “lo primero que habría que advertir es que el presidente había dicho que se iba a convocar una constituyente vía firmas. Ahora se dice que no, que va a ser por parte de un proyecto de ley”.
“Lo veo complejo, tal y como está modulado el proyecto”, advierte, “porque es una constituyente direccionada” porque está basada en los el Gobierno considera es su agenda “y con una imposición de cómo deben elegirse esos constituyentes. No es una elección abierta, como sucedió en la década de los 90; es una elección dirigida”, lo que, explica Herrera, deriva a que “tendrá más participación de unos sectores sobre otros. Eso haría que la constituyente no sea igualitaria”.
Esta iniciativa deberá pasar varias fases en el Congreso, obtener una mayoría en la Cámara y el Senado y después deberá tener el visto bueno de la Corte Constitucional. Todo este trámite plantea un primer problema y es que el presidente y el Gobierno, en este momento, no cuenta con el apoyo necesario en el Congreso para sobrepasar la primera instancia. El segundo problema es que el Gobierno no podría sacar adelante la constituyente en los 10 meses que le quedan.
Cómo es el proyecto de la asamblea nacional constituyente
El texto de 23 páginas elaborado por Montealegre constituye un proyecto de ley para convocar al pueblo colombiano a decidir, mediante votación popular, si quiere o no una asamblea constituyente. Se ampara en los artículos 374 y 376 de la Constitución Política, que establecen la posibilidad de una reforma total de la Carta mediante la participación directa del pueblo.
La propuesta parte de una exposición de motivos que plantea la necesidad de actualizar la Constitución de 1991, al considerar que algunas de sus instituciones “se han vuelto obsoletas” o “han sido utilizadas por sectores retardatarios para destruir las conquistas sociales”. Según el ministro, el Estado social de derecho colombiano atraviesa una crisis de representatividad y de bloqueo institucional, causada por un Congreso que, a su juicio, “ha renunciado a la democracia deliberativa” y ha frenado reformas sociales esenciales.
En ese contexto, el documento sostiene que el único poder soberano y constituyente es el pueblo. Por ello, propone que los ciudadanos decidan en las urnas si se instala o no una asamblea encargada de redactar una nueva Constitución “ajustada a los retos del siglo XXI”, con énfasis en derechos sociales, justicia, participación y lucha contra la corrupción.
¿Cuál sería la composición de la asamblea Constituyente?
Uno de los aspectos más detallados del proyecto es la composición de la asamblea, que estaría integrada por 71 delegatarios elegidos por voto popular. El diseño busca garantizar representación territorial, paridad de género y la inclusión de sectores históricamente marginados.
De acuerdo con el texto, los delegatarios se elegirían así:
- 44 representantes de la circunscripción nacional, con paridad entre hombres y mujeres.
- 2 delegados afrodescendientes, uno de ellos mujer.
- 2 delegados indígenas, uno de ellos mujer.
- 2 campesinos, uno mujer.
- 2 víctimas del conflicto armado, uno mujer.
- 2 representantes sindicales, uno mujer.
- 2 jóvenes, uno mujer.
- 2 representantes del pueblo Rrom, uno mujer.
- 2 del pueblo raizal y palenquero, uno mujer.
- 6 representantes del pueblo colombiano en el exterior, tres mujeres.
- 2 delegatarias madres cabeza de familia.
- 3 representantes del pueblo LGBTIQ+.
Al respecto, Hernando Herrera señaló en Caracol Radio que la idea de que 44 delegados se elijan según el Gobierno piensa que deben ser elegidos plantea “un regalo envenenado”, pues este grupo de personas serían mayoría y tomaría decisiones según sus convicciones. El objetivo, según Montealegre, es garantizar un espacio constituyente “social y paritario”, que incluya voces de obreros, mujeres, comunidades étnicas, campesinos, víctimas y minorías sexuales.
Según el texto, la elección se haría mediante listas presentadas por cada sector, y el Presidente de la República tendría facultades extraordinarias durante seis meses para reglamentar los requisitos, mecanismos internos de selección y definiciones de cada grupo.
(Vea también: Con bandera de la libertad o muerte, Petro dice que va por la constituyente en 2026)
Más detalles sobre el proyecto para una asamblea nacional constituyente
El Gobierno propone que los colombianos participen en una votación popular con dos preguntas:
Si están de acuerdo o no con convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con las características descritas (71 delegatarios, paridad de género e inclusión de minorías).
Si aprueban que esa Asamblea reforme la totalidad de la Constitución dentro de los límites señalados por el proyecto (sin revocar al Congreso y respetando los derechos humanos y la no regresividad en derechos sociales).
De aprobarse la convocatoria, el proceso avanzaría hacia la elección de los delegatarios y la posterior instalación de la Asamblea.
También, el proyecto de ley establece que la Asamblea podrá reformar la totalidad de la Constitución, pero con límites explícitos:
- No podrá revocar al Congreso.
- Deberá respetar los tratados internacionales sobre derechos humanos.
- No podrá vulnerar las normas del Ius Cogens (principios internacionales imperativos).
- Tendrá prohibido retroceder en materia de derechos fundamentales o sociales.
La Asamblea sesionaría durante tres meses, contados a partir de su instalación, la cual ocurriría 30 días después de la declaración oficial de elección de los delegatarios por parte del Consejo Nacional Electoral. Durante ese período, tendría la misión de redactar y aprobar una nueva Constitución, que reemplazaría la de 1991 si es ratificada por el pueblo.
¿Qué hay detrás de la idea de una constituyente?
La iniciativa surge en un momento de fuerte tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, luego de varios intentos fallidos del Gobierno Petro por sacar adelante reformas estructurales en materia de salud, pensiones y trabajo. El documento afirma que el Legislativo ha incurrido en “omisiones legislativas absolutas” que impiden el avance de los derechos sociales, lo que, según el Ejecutivo, justifica la activación del poder constituyente.
Pero además es presentado en un momento de campaña preelectoral. El Gobierno ha promovido esta iniciativa desde hace varios meses, pero no la ha podido sacar adelante. Ahora, los precandidatos y candidatos que, por debajo de cuerda, están en la línea del presidente (Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero) ya está hablando de una asamblea nacional constituyente para ganarse los votos petristas. Ahora, con un proyecto en concreto, una campaña llevada a estos terrenos parece ser una movida del Gobierno para meterse en el terreno electoral indirectamente, pues directamente está prohibido por la Constitución.
Y es que la propuesta no es de poca monta. La asamblea nacional constituyente representa el paso más concreto del Gobierno hacia una eventual refundación del Estado colombiano. Aunque el texto deja claro que la asamblea no implicaría una ruptura del orden institucional, señalando que el proceso seguiría los mecanismos previstos por la actual Constitución y estaría sometido al control de la Corte Constitucional, al abrir el escenario de una asamblea se podría plantear cualquier idea que se podría convertir en ley.
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