Con el proyecto presentado inicialmente se pretendía modificar el artículo 122 de la Constitución, incorporando la polémica restricción:

“No podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico, en Colombia o en el exterior”.

Timochenko e Iván Márquez

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Fuentes del Ministerio del Interior aseguraron que se trató de un error y procedieron al retiro del texto para corregirlo y presentarlo nuevamente.

Más tarde, el Ministerio anunció que “para dar mayor claridad al nuevo proyecto le será anexada la transcripción del parágrafo adicionado por el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2017” que, recuerda El Tiempo, habilita a los desmovilizados que se hayan presentado a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) “para ser designados como empleados públicos o trabajadores oficiales cuando no estén efectivamente privados de su libertad”.

Semana confirmó que el texto corregido, fue radicado esta tarde en el Congreso como acto legislativo 081 de 2018, en lo que la revista consideró “tiempo récord” para reformular un proyecto de ley.