La decisión de cerrar de forma temporal la sede de la Fiscalía en el municipio de Tarazá tras el secuestro de tres fiscales y una funcionaria de un juzgado, tiene al fiscal general, Francisco Barbosa, y al ministro de Defensa, Iván Velásquez, enfrascados en la discusión de si fue o no acertada la medida de suspender las labores en esa oficina del Bajo Cauca antioqueño.
El ministro de Defensa criticó este jueves al fiscal general por tomar una “decisión apresurada” a lo que Barbosa respondió argumentando que no lo fueron por el contexto en el que ocurrió el secuestro de sus funcionarios.
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“Es importante decirle al país que el fiscal general no toma decisiones apresuradas. Las decisiones que he tomado en esta fiscalía son razonadas y se lo dije al ministro de una manera muy franca”, indicó Barbosa al término de un encuentro con el ministro Velásquez y la cúpula militar en la noche de este jueves.
El fiscal añadió que “nosotros cerramos transitoriamente la Fiscalía en Tarazá, trasladamos sus funciones y sus funcionarios a Medellín por efecto de lo que ocurrió, que no es normal”, y denunció que en otras regiones del país se han presentado hechos similares.
Barbosa explicó que la medida de cerrar temporalmente la sede en Tarazá la tomó luego de escuchar los testimonios de los tres fiscales de la Dirección Seccional Antioquia y una funcionaria de un juzgado que fueron retenidos el pasado 3 de febrero de zona rural de ese municipio.
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El fiscal general le contó al ministro de Defensa que los funcionarios fueron abordados por personas en motos y dos de ellos fueron trasladados al corregimiento Barro Blanco en esos vehículos, que además no tenían placas.
En ese traslado, los funcionarios confirmaron que pasaron por un control militar, pero que los uniformados no se percataron de lo que sucedía. “Todos esos aspectos tendrán que ser explicados a la luz del proceso judicial que se adelanta en Medellín”, agregó el fiscal.
Por estos hechos, la Procuraduría General de la Nación investigará las denuncias hechas por la Fiscalía relacionadas con presuntos hechos irregulares en los que podrían haber tenido participación algunos miembros del Ejército y la Policía, luego del secuestro.
Las personas secuestradas también aseguraron que, cuando llegaron al lugar donde fueron retenidos, el comandante del lugar se presentó con el alias de Gonzalito, uno de los líderes del Clan del Golfo a quien luego de lo sucedido le expidieron una nueva orden de captura por el delito de secuestro.
Después de ser requisados y fotografiados, “Gonzalito” ordenó la libertad de los retenidos, que terminaron incapacitados por 20 días por estrés postraumático.
El fiscal general denunció que además de este caso, otros funcionarios han sido hostigados en los últimos días en departamentos como Nariño y Norte de Santander.
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