El fiscal Francisco Barbosa cumple tres años a la cabeza de una de las entidades más poderosas del país y, como aniversario de su llegada al búnker, anunció una de las investigaciones por corrupción más grandes de los últimos años.

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Un grupo de fiscales delegados ante la Corte Suprema, liderados por el fiscal Gabriel Jaimes Durán, está listo para imputarle cargos a los tres últimos exgobernadores del Magdalena: Luis Miguel Cote (2012-2015); Rosa Cote Vives (2016-2019; y el actual mandatario, Carlos Caicedo.

El caso, bautizado por la Fiscalía como el “Robo de Magdalena”, tiene que ver con cinco contratos que firmaron los tres funcionarios que sumaron más de $ 457.000 millones. Además del tamaño de la suma, el ente investigador encontró un hallazgo igual o más importante: de esos negocios, no aparecen $ 74.789 millones (una cifra casi igual que el dinero que se perdió en el escándalo de corrupción de Centros Poblados y el Ministerio de las Telecomunicaciones).

La Vía a la Prosperidad: el lío para los Cote

Según los detalles que ha entregado la Fiscalía sobre sus pesquisas, en el caso de los Cote, el contrato que los tiene en líos es el de la Vía a la Prosperidad. Al parecer, ambos exgobernadores firmaron contratos y adiciones, con todo tipo de errores, que habrían generado millonarias pérdidas económicas que configurarían un peculado que asciende a más de $ 73.109 millones. Según detalles del caso, el contrato se firmó en medio de lo que serían incrementos patrimoniales sin sustento, posibles anomalías en los estudios previos y la estructuración del presupuesto.

Luis Miguel Cote y Rosa Cote Vives, quienes además ya habían sido sancionados por la Procuraduría por irregularidades en este mismo contrato, serán imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, ambas conductas agravadas. Aquí no acaban los líos para Rosa Cote.

El contrato a dedo de Rosa Cote

La Fiscalía tiene en su contra otra investigación por corrupción por un contrato de contabilidad que, al parecer, habría estado amañado desde el comienzo. De acuerdo con la investigación, la exmandataria firmó tres contratos para lo que en el mundo de los negocios se conoce como: normas internacionales de contabilidad (que sirven para controlar los estados financieros de las empresas), y sumaron $ 1.023 millones.

El pecado de Cote, al parecer, es que habría otorgado esos contratos a dedo y ni siquiera hubo concurso de méritos. “También se constató que la empresa contratada se habría apartado del objeto definido” y se limitó a realizar, a penas, una consultoría. Por estos presuntos hechos de corrupción, la exgobernadora será imputada por contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Los líos de Carlos Caicedo

Carlos Caicedo es el octavo gobernador activo que es judicializado por la Fiscalía de Francisco Barbosa. Según las pruebas en su contra, las presuntas irregularidades que lo llevan, de nuevo, ante la justicia, tienen que ver con contratos que firmó cuando fue alcalde de Santa Marta (2012-2015). A diferencia del caso de los exgobernadores Cote, la Fiscalía pedirá que Caicedo quede preso en su casa, mientras adelanta las demás pesquisas en su contra.

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En su caso, son tres negocios bajo la lupa de los fiscales delegados ante la Corte Suprema. El primero, lo firmó el 30 de diciembre de 2014 y buscaba construir una megabiblioteca en el colegio San Pedro Alejandrino. Fue un contrato millonario: su precio inicial fue de $ 10.044 millones, pero recibió una serie de adiciones por más de $5.000 millones. Otro problema de esta obra es que tenía un plazo previsto de solo cinco meses, un plazo absurdo para construir una megaobra, por lo que tuvo que aplazarse a tres años.

Por este negocio, Carlos Caicedo será imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. El siguiente caso por el que la Fiscalía tiene en la mira al hoy gobernador se firmó el 1 de abril de 2015, y tenía como objetivo la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y ludotecas en el barrio Ciudad Equidad, en el corregimiento Bonda (Santa Marta). El contrato se concretó por el valor de $6.954 millones.

Sin embargo, la Fiscalía asegura tener evidencias de que existió un peculado de más de $ 979 millones, por sobrecostos. Otro de los problemas de este caso es que el contrato no ha sido liquidado y las obras, al parecer, se suspendieron en 2018, pero habrían reiniciado en diciembre del año pasado. Por este contrato, Caicedo será imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público agravada.

Y el tercer contrato por el que gobernador será imputado se firmó durante su último trimestre en la Alcaldía. Costó $ 2.682 millones y su objeto era la adecuación del coliseo de Gaira. “En la investigación fue detectado un posible peculado de $ 700 millones, materializado en sobrecostos. Asimismo, se constató que, trascurridos más de siete años, el escenario no ha sido entregado en condiciones adecuadas y se encontraría en deterioro e inutilización”, aclaró la Fiscalía.

Por estos hechos, el gobernador tendrá que responder por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Para la Fiscalía, este “panorama de criminalidad es considerado como una de las mayores evidencias de corrupción y desviación ilegal de dineros en Magdalena”. Se espera que en los próximos días se sepa la fecha y hora en que se realizarán estas seis imputaciones contra tres poderosos de la política de la costa Caribe.

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