“Las averiguaciones realizadas revelan la existencia de procesos de direccionamiento de contratos” dice la misiva, que también advierte sobre la existencia de una red de intermediarios que estaría interesada en la adjudicación de proyectos a determinados empresarios a cambio de, palabras más palabras menos, una ‘tajada’ del valor del contrato.
#ATENCIÓN Fiscal General solicita al Presidente de la República intervención en los procesos de contratación relacionados con proyectos productivos del posconflicto para garantizar contratación objetiva que permita reinserción de miembros #FARC a la actividad productiva lícita pic.twitter.com/naKyXyU7zs
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 5, 2018
El presidente Juan Manuel Santos agradeció la gestión del ente acusador y dijo que seguirán trabajando juntos para garantizar la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos.
Gracias al Fiscal General por su rápida respuesta a mi solicitud. Actuaremos con toda contundencia y diligencia. Seguiremos trabajando juntos para garantizar la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos. Habrá decisiones pronto.
— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) April 5, 2018
Por su parte, el contralor Edgardo Maya anunció que auditará los dineros del Fondo Colombia en Paz, creado el 27 de abril de 2017 para administrar los recursos donados por la comunidad internacional, el sector privado y el aporte del presupuesto nacional.
El contralor dijo además que pedirá a la directora del Fondo Colombia en Paz, Gloria Ospina, información sobre el manejo de los recursos, y señaló que si no la reciben ejercerán sus funciones como “Policía Judicial para buscar las pruebas requeridas”.
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El Fondo está en el ojo del huracán a raíz de una carta que los embajadores de Noruega, Suecia y Suiza en Colombia le enviaron al Ministerio de Hacienda para hablar del manejo que se le ha dado a los recursos que sus países donaron para posconflicto y que son gestionados a través del Fondo Colombia Sostenible (FCS), que depende de Colombia en Paz.
Según la Cancillería, las declaraciones de los embajadores de los tres países europeos no se pueden interpretar como “señalamientos de corrupción” y detalló que al hablar de transparencia hacían referencia a procedimientos, operatividad, funcionamiento y cumplimiento del reglamento del Fondo.
A la preocupación por el manejo del dinero del posconflicto se sumó el procurador general, Fernando Carrillo, quien afirmó que no se puede permitir que “colapse el proceso de paz” por la mala administración de recursos, y agregó que se inició una indagación preliminar para analizar los contratos del Fondo Colombia en Paz.
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