Lo que ocurrió con estos internos, según la Fiscalía, fue que tres “empleados de la Corporación Universitaria Ideas” hicieron todos los trámites con el Inpec para que se les permitiera, por medio de esa organización, “dictar clases de Derecho a internos en el centro penitenciario, sin tener los permisos requeridos”.

Pero fue hasta después del grado que se les avisó a los reclusos que la corporación universitaria, la misma que les vendió la idea de hacer las cosas en derecho, presentaba problemas por los permisos de ley.

“Después de cinco años de estudio, los alumnos perdieron su dinero”, cifra que se estima entre 30 y 35 millones de pesos por cada uno, como se lee en un comunicado del organismo acusador.

El contrato entre Ideas y el Inpec se firmó en mayo de 2011, pero de acuerdo con la Fiscalía las dos partes llegaron a un acuerdo “sin contar con la autorización del Ministerio de Educación Nacional”.

Es decir, explica el organismo, “las irregularidades se habrían presentado al permitir que se desarrollara el programa de Derecho en la penitenciaría”, afirmación con la que también recaería sobre el Inpec cierto grado de responsabilidad.

Lo cierto es que entre 2011 y 2013 el Ministerio de Educación “no otorgó permisos a la Corporación Ideas para dictar la clase del citado programa fuera de sus instalaciones, y aun así las realizaron en La Picota. Tampoco se podía realizar (sic) un convenio institucional como se firmó”, detalla la Fiscalía.

Al final, los reclusos se graduaron, pero el Consejo Superior de la Judicatura les negó las tarjetas profesionales. Eso sí, la Fiscalía llamó a tres directivos de la corporación Ideas, entre ellos a la rectora, para imputarles cargos por varios delitos:

Alejandro Cuervo Carvajal: revisor fiscal, contador y gerente administrativo y financiero. Se le imputó fraude procesal y falsedad en documento privado.

Ana Cristina Pedraza: rectora. Fue judicializada por fraude procesal, falsedad en documento privado y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

Catalina Tapias Pedraza: presidenta del consejo Universitario. El ente acusador le endilgó falsedad en documento privado.