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El movimiento político Creemos, liderado por el alcalde Federico Gutiérrez, ha estado en el centro de una intensa controversia pública en los últimos días, tras recibir críticas tanto de ciudadanos como de opositores que acusan a la administración municipal de favorecer a sus propios candidatos y, posiblemente, incumplir las normas electorales. Las denuncias, que han cobrado fuerza especialmente a través de redes sociales, no solo afectan al movimiento de Gutiérrez, sino que se suman a reclamos similares dirigidos contra el Partido Conservador en municipios como Itagüí y el sur del Valle de Aburrá, así como al Partido Liberal en otras regiones de Antioquia.
El más reciente episodio relacionado con Creemos ocurrió durante esta semana, cuando varios de sus candidatos, entre los que se encontraban Abelardo de la Espriella, Juliana Gutiérrez, Simón Molina y José Miguel Zuluaga, participaron en un recorrido en el Metro de Medellín. Allí, según videos publicados por ellos mismos, se los ve vistiendo prendas que promocionan sus campañas y pronunciando consignas políticas dentro de las estaciones y vagones; esto, a pesar de que el uso del Metro para actividades de proselitismo político está estrictamente prohibido. El Metro publicó un comunicado reiterando estas restricciones y recordando que la producción y difusión de contenido con fines electorales no está permitida dentro de sus instalaciones.
Consultada por los hechos, Camila Gaviria, concejal de Medellín y directora de Creemos, defendió la actuación del grupo político al declarar que únicamente se estaban desplazando y que, si bien fueron advertidos por la empresa de transporte, no llevaron a cabo actividades explícitas de promoción, tales como cantar consignas o realizar manifestaciones evidentes. Señaló que las acciones observadas en los videos corresponden a interpretaciones y que en ningún caso se organizó propaganda con carteles ni se convocó a personas.
La polémica se amplió cuando se cuestionó la conducta del concejal Santiago Narváez, quien fue grabado ondeando banderas políticas mientras circulaba en un vehículo oficial durante una actividad de campaña en Yarumal. Narváez justificó su comportamiento alegando los permisos de la Ley 996 de 2005, aunque reconoció que su error fue haber sido poco cuidadoso al ocupar espacio público con símbolos políticos cerca del vehículo.
Las autoridades nacionales, como la Procuraduría, recordaron su directiva sobre la participación de servidores públicos en campañas, destacando la prohibición de usar recursos estatales para influir en la contienda electoral. Además, la Ley de Garantías y normas específicas del Consejo Nacional Electoral (CNE) dictaminan que los alcaldes y otras figuras administrativas no pueden inaugurar obras ni permitir la utilización de bienes públicos en actividades donde participen candidatos políticos. En una situación denunciada en San Sebastián de Palmitas, donde funcionarios del Dagrd coincidieron con una movilización política de Creemos, la Alcaldía aclaró que no se trataba de la inauguración de una obra, sino de una jornada de sensibilización frente a la temporada invernal, y que al notar la actividad política, se suspendió la jornada para evitar irregularidades.
Otro foco de quejas se relaciona con el manejo de la publicidad exterior. Existen denuncias reiteradas de que tanto Creemos como partidos tradicionales como el Conservador y Liberal han superado los límites de anuncios, saturando el espacio público con vallas y pasacalles más allá de lo permitido. La normatividad del CNE contempla restricciones claras según la categoría del municipio —en ciudades como Medellín se autoriza un máximo de 30 vallas por partido— y exige autorización y reporte de toda publicidad a la administración municipal. Voceros de Creemos sostienen que cumplen las reglas y atribuyen el exceso de publicidad a iniciativas privadas ajenas al partido; sin embargo, expertos legales citados por El Colombiano advierten que ni candidatos ni partidos pueden escudarse en la “espontaneidad” de terceros para eludir responsabilidad, ya que la ley establece que quienes se benefician de la publicidad son responsables de su legalidad y deben proceder a desmontarla si se exceden los límites.
En suma, el ambiente político en Antioquia, especialmente en el Valle de Aburrá, evidencia crecientes tensiones en torno a la observancia de las normas electorales y el papel de los servidores públicos y candidatos durante la campaña. Mientras tanto, las autoridades exhortan a mantener la transparencia y el cumplimiento riguroso de la ley para preservar la equidad en la contienda electoral.
¿A qué se refiere la Ley de Garantías en el contexto electoral?
La Ley de Garantías es una legislación colombiana que regula la conducta de los servidores públicos en el periodo preelectoral. Su relevancia radica en que busca evitar que los funcionarios utilicen recursos o infraestructura estatal para favorecer candidaturas, garantizando igualdad de condiciones entre todos los aspirantes y evitando el uso de bienes públicos con fines proselitistas. Por ejemplo, impide la inauguración de obras o el uso de vehículos oficiales en eventos donde participen candidatos.
En el contexto descrito, se ha cuestionado si la presencia de funcionarios y recursos oficiales en eventos donde coinciden con campañas políticas vulnera estas normas. La Ley de Garantías es clave porque define los límites de la participación política de los servidores públicos y permite sancionar a quienes las incumplan, asegurando la imparcialidad del Estado frente a la competencia electoral.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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