Luego de una tutela presentada por la senadora María José Pizarro, que buscaba el cubrimiento de los gastos completos de su esquema de seguridad, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) garantizar los derechos laborales para los miembros pertenecientes al esquema de seguridad de la congresista.

El fallo emitido consideró que la UNP deberá pagar los viáticos y gastos de viaje de los integrantes del esquema de protección de la representante a la Cámara, independientemente del contrato que tengan los guardaespaldas con la Unidad.

Además, el documento precisa que, de no cumplir con el pago de dichos conceptos, se estaría vulnerando el derecho de Pizarro a la seguridad e integridad personal, pues “la Policía Nacional, como la UNP le han determinado desde 2018 un riesgo extraordinario de seguridad”, dijo la decisión del juzgado.

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Cabe recordar que durante el año se recibieron varias denuncias de trabajadores del personal de seguridad adscritos a esta Unidad, que aseguraban tener que costear, de su propio bolsillo, los gastos asociados al transporte, alojamiento y alimentación, cuando sus protegidos debían desplazarse a diferentes zonas del país.

Ricardo Villota, escolta de la UNP, le dijo a la W Radio en febrero que, “en la unidad piensan que es cosa de nosotros, pero durante el viaje debemos comer, dormir bien, dejar el carro en un lugar seguro y no tenemos recursos para esto”.

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Frente a la situación Oscar Rivera, presidente del sindicato de la UNP, dijo a Blu Radio que las condiciones para el personal de seguridad son mínimas pues cuando la Unidad autoriza el desplazamiento de los escoltas, solo les reconoce cuatro días de viáticos, por lo que si el protegido debe viajar más días, estos deben correr por cuenta del guardaespaldas.

“Muchas veces son los mismos escoltas quienes les gastan hasta la comida al protegido, porque así como protegen congresistas, también cuidan de líderes sociales, los cuales no tienen en varias ocasiones con qué comer”, añadió Rivera.

El caso de Pizarro se suma al denunciado por el senador Gustavo Bolívar pues el pasado martes 5 de octubre, el funcionario tuvo que salir del país debido a amenazas en su contra y porque, según él, la UNP le estaba negando el servicio de protección.

Frente a la polémica el director de la UNP, Alfonso Campo, dijo en conversación con la W que el congresista cuenta con un cuerpo de seguridad robusto que puede protegerlo en todo el país, pero este no ha querido asumir los costos de desplazamiento de los miembros de su esquema, como el Senado lo establece, por temas de austeridad.