Las declaraciones, que terminarán el 11 de septiembre, hacen parte del llamado ‘Caso Siete’, en el que la justicia especial también investiga hechos de violencia sexual asociados con el reclutamiento como el abuso, la violación y la anticoncepción o los abortos forzados.

“A partir del 18 de agosto próximo, 15 exjefes de las extintas Farc-EP deberán rendir versión ante la JEP dentro del caso 07 de reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado”, informó el tribunal en un comunicado.

Inicialmente la JEP citó a rendir versión a 14 de los 37 comparecientes vinculados al caso, pero la Sala de Reconocimiento agregó a Diego Ardila Merchán, otro exjefe del grupo armado quien solicitó ser escuchado sobre los hechos que conoce. Entre los citados también está Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, quien deberá dar su versión de los hechos el 8 de septiembre.

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También fueron citados por la JEP Pablo Catatumbo (19 de agosto), Pastor Alape (24 de agosto), Jesús Mario Arenas (31 de agosto), Martín Cruz (26 de agosto), Luis Óscar Úsuga (27 de agosto) y Julián Gallo (3 de septiembre). El tribunal escuchará además a Jaime Parra (4 de septiembre), Édgar López (20 de agosto), Milton Toncel (1 de septiembre), Rodolfo Restrepo (25 de agosto) y Jhon Jairo Pardo (7 de septiembre), así como a Abelardo Caicedo y Juan Hermilo Cabrera en fechas por determinar.

La Sala de Reconocimiento de la JEP invitó a quienes siendo menores de edad fueron víctimas de reclutamiento ilícito o de utilización en las actividades de la guerra y a aquellos que sufrieron daños indirectos por este tipo de delitos a acreditarse como víctimas del caso en mención. “El Caso No. 07 abarca la investigación de alrededor de 8.000 hechos de reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado reportados a la JEP por la Fiscalía General de la Nación”, detalló el tribunal de paz.

Un total de 16.879 menores de 18 años fueron víctimas de reclutamiento entre 1960 y 2016 por parte de todos los grupos del conflicto armado colombiano, según el informe “La guerra sin edad” del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), publicado en 2018.

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Según ese documento, el grupo que más reclutamiento infantil cometió fue las FARC (54 % de los casos), seguido de los paramilitares (27 %) y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), al que se le atribuye el 10 %.

Sin embargo, miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), surgido de la desmovilización de la guerrilla, manifestaron a finales de julio que quienes se unieron a ese grupo armado siendo menores de edad lo hicieron “de forma voluntaria” y no fueron reclutados forzosamente. Una de las que esgrimió ese argumento fue la senadora Griselda Lobo, conocida como ‘Sandra Ramírez’, quien aseguró en una entrevista que no conoce ningún caso de reclutamiento forzado dentro de la guerrilla.

Al respecto, el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, manifestó que la actual congresista, elegida como segunda vicepresidenta del Senado, estrenó su cargo “negando que las FARC reclutaron menores”, lo que consideró un “grave error y gran mentira” y pidió a las FARC “abandonar ese falso e insostenible relato”.

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Los comparecientes citados “están en la obligación de aportar verdad plena sobre la existencia, origen y evolución de la política que orientó o permitió la vinculación” de menores al conflicto armado por parte de la organización armada que dirigían colectivamente.