La Fiscalía General de la Nación, mediante la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, afectó con fines de extinción del derecho de dominio 29 propiedades que pertenecerían a varios de los señalados cabecillas de la banda delincuencial ‘Los Costeños’.

Dentro de las propiedades se encuentran: cuatro establecimientos de comercio, siete sociedades, seis fincas, 10 inmuebles urbanos y dos vehículos, los cuales están ubicados en Barranquilla, Baranoa, Malambo y Tubará (Atlántico); Riohacha (La Guajira), Floridablanca (Santander), Montería (Córdoba) y Turbo (Antioquia).

(Lea también: Bomba en centro de Cúcuta deja al menos una mujer muerta y varios heridos)

<a href=Fiscalía General de la Nación">
Fiscalía General de la Nación

Estos bienes están avaluados en más de $ 115.000 millones y estarían a nombre de Maira Vera, alias ‘La Mona’, compañera sentimental de alias ‘Castor’, máximo articulador de las actividades criminales de ‘Los Costeños’ y fundador de la estructura delincuencial; y de Omar Ladino Vargas, uno de los presuntos cabecillas financieros de este grupo ilegal.

Fiscalía General de la Nación
Fiscalía General de la Nación

El ente acusador también indicó Ladino Vargas sería uno de los mayores despojadores de tierras en Atlántico, Córdoba y Antioquia. Recientemente fue judicializado por la posible apropiación ilegal de predios de alto valor que representaban interés para las actividades narcotraficantes y de lavado de activos de ‘Los Costeños’, entre enero de 2019 y febrero de 2023.

Fiscalía General de la Nación
Fiscalía General de la Nación

(Vea también: Grafitis amenazantes y muñecos colgando preocupan al Unión Magdalena: “Vencer o morir”)

Además, se determinó que una casa y uno de los vehículos afectados estarían vinculados a un allanamiento realizado en Barranquilla, en el que fueron encontrados cerca de 400 kilogramos de cocaína y 48 armas de fuego.

El operativo para llevar a cabo estas acciones legales lleva por nombre ‘Argenta’, que sería una estrategia de la Fiscalía General de la Nación, para afectar con contundencia las finanzas de las organizaciones criminales y de narcotráfico. Los bienes ocupados quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).