Estados Unidos intensifica su política contra el gobierno de Nicolás Maduro, evidenciando que la confrontación trasciende lo bilateral y se adentra en una compleja lucha internacional contra el narcotráfico y sus nexos con redes terroristas. Desde 2005, cuando Hugo Chávez expulsó a la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) de Venezuela, las relaciones entre ambas naciones han estado marcadas por constantes acusaciones y el endurecimiento progresivo de sanciones por parte de Washington. Esta presión alcanzó un punto álgido en 2020, cuando el Departamento de Justicia estadounidense acusó formalmente a Maduro y a altos funcionarios de su gobierno de delitos de narcoterrorismo, estableciendo recompensas millonarias que, según reportes recientes, suman ya 50 millones de dólares.
La estrategia de Estados Unidos va más allá de lo judicial. En julio de 2025, la administración estadounidense escaló su postura al designar al llamado "Cartel de los Soles" —una organización conformada por figuras militares y del gobierno venezolano, según la acusación estadounidense— como "terrorista global especialmente designado". Esta categorización, conforme a la orden ejecutiva emitida por el entonces presidente Donald Trump en enero de 2025, permite incluir a cárteles internacionales como objetos de acciones militares directas y coopera en el uso de mecanismos antiterroristas más severos.
En el plano operacional, Estados Unidos desplegó una fuerza naval y aérea sin precedentes frente a las costas venezolanas: siete barcos, un submarino, más de 6.500 soldados y aviones de reconocimiento intensificaron la presión sobre el régimen chavista. Analistas consultados por The New York Times y Georgetown University comparan este despliegue con la invasión a Panamá en 1990, sugiriendo que una hipotética ocupación de Caracas implicaría riesgos y una cantidad de recursos humanos significativa para neutralizar ambos centros militares estratégicos como Fuerte Tiuna y el aeropuerto de Maiquetía, así como para capturar a dirigentes de la cúpula oficialista.
Más allá de la demostración bélica, esta operación puede leerse también como una maniobra de presión política para fomentar negociaciones secretas y buscar la salida pactada del chavismo. No obstante, la estrategia militar afecta directamente la economía venezolana —ya diezmada por la crisis—, pues las restricciones sobre las exportaciones de petróleo y la dificultad para recibir apoyo de aliados como Irán agravan la caída de los ingresos y limitan la movilidad interna, haciendo más crítica una crisis humanitaria de larga data.
El impacto trasciende a Venezuela y despliega efectos colaterales en la región. Colombia, por ejemplo, anticipa un aumento en el flujo de droga debido al desvío de rutas habitualmente usadas que ahora deberán atravesar otras fronteras más vulnerables, incrementando los desafíos para la lucha antidrogas y la seguridad en la zona. Este fenómeno introduce nuevas complejidades en las estrategias de combate al narcotráfico y la cooperación regional, como señala un informe reciente del Instituto de Estudios Estratégicos de América Latina (IEEAL).
Según análisis de Georgetown University y entrevistas recogidas por *El País*, el Estado venezolano ha desarrollado, en palabras de especialistas, un “narcoestado”, donde la corrupción y el enriquecimiento ilícito permea parte de la élite política. La designación terrorista permite a Estados Unidos reforzar la cooperación internacional y justificar sus acciones ante la comunidad global, aunque expertos advierten del riesgo de una escalada que podría impactar la estabilidad de toda América Latina.
Por su parte, investigaciones de *The New York Times* revelan que la existencia de recompensas multimillonarias ha exacerbado la desconfianza en el círculo cercano al poder venezolano, provocando un ambiente de paranoia donde los riesgos de conspiraciones y traiciones internas aumentan. Aunque las capacidades militares del país están erosionadas, según el IEEAL, Venezuela mantiene tanto respaldo de algunos sectores armados como apoyos internacionales de países como Rusia e Irán, dificultando cualquier intervención extranjera directa.
La crisis venezolana, por tanto, es el resultado de múltiples factores interrelacionados: sanciones internacionales, designaciones legales, despliegues militares y dinámicas regionales de narcotráfico y seguridad. Estos componentes hacen imprescindible el análisis periodístico riguroso basado en fuentes verificadas y datos oficiales para dimensionar su alcance y consecuencias, tanto para la sociedad venezolana como para el continente.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿Qué implica que una organización sea designada como terrorista global especialmente designada?
La designación de una organización como "terrorista global especialmente designada" facilita a Estados Unidos activar mecanismos legales que permiten acciones más agresivas en cooperación internacional, restricciones financieras y eventualmente operaciones militares directas. En este contexto, la medida convierte el combate al narcotráfico en un asunto de seguridad nacional y permite mayor coordinación con socios en la región, pero conlleva también riesgos de enfrentamiento que pueden escalar más allá de las fronteras venezolanas y complicar la situación humanitaria y política en el continente.
Este tipo de designación no solo afecta a los individuos o grupos señalados, sino también a quienes les proveen apoyo material, financiero o tecnológico, ampliando el margen de sanciones e investigaciones internacionales. En América Latina, estas medidas condicionan la política exterior y la cooperación entre gobiernos, marcando un precedente en la forma de abordar el crimen organizado transnacional.
¿Por qué el cartel de los Soles es considerado una amenaza regional?
El llamado cartel de los Soles, según estudios de universidades y organismos internacionales citados por El País y Georgetown University, agrupa a miembros de alto rango del gobierno y fuerzas armadas venezolanas en actividades de narcotráfico de gran escala. Esto implica que el problema excede las fronteras delictivas habituales y se inserta en el aparato del Estado, dándole una dimensión política y de gobernabilidad.
Esta situación representa una amenaza regional porque los flujos ilícitos no solo financian redes criminales, sino que debilitan la institucionalidad y fomentan la corrupción en países vecinos. Además, el ajuste de rutas de tráfico por bloqueos militares puede disparar la violencia y los retos para la seguridad en países como Colombia y Brasil, multiplicando el impacto de la crisis más allá del territorio venezolano.
.svg)
