Si bien para los desafectos de la llamada ‘influenciadora’ su nombre no merece ocupar la atención de importantes medios (algo que viene haciendo a fuerza de desafueros), El Espectador le dedica a ella en su espacio de opinión y plantea varias preguntas que, aunque no tendrán respuesta inmediata, enriquecen el debate sobre los derechos y las redes sociales en Colombia.
Después de aclarar que se une a quienes han pedido una sanción y de asegurar que “no hay justificación alguna para lo que hizo Barrera”, el diario capitalino manifiesta su extrañeza porque el juez del caso aceptó la oferta de la defensa de Barrera de que no usara redes sociales ni hablara con la prensa para evitar que se dictara medida de aseguramiento en su contra.
Ahí, el diario plantea sus interrogantes: “¿Desde cuándo los jueces de la República pueden silenciar las expresiones futuras de una persona? ¿No es eso una medida inconstitucional?”. Además, sostiene que si Barrera es un peligro para la sociedad, el juez debió dictar la medida de aseguramiento; “si no lo cree así, no tiene motivos para amordazarla y, en el proceso, obstaculizar uno de sus medios de trabajo”.
“¿Ahora cualquier procesado puede sugerirle a un juez que le vulnere un derecho fundamental a cambio de que no pague cárcel?”, agrega a sus inquietudes El Espectador. “¿Dónde en el Código Penal está eso? ¿Y el derecho de los colombianos a recibir información libre sobre el proceso?”.
Recuerda el caso de la jueza que prohibió a la periodista Claudia Julieta Duque opinar sobre su caso. “Nos parece que, en esencia, sí hay el mismo peligro: un juez coartando la libertad de expresión”, sostiene del periódico. “Las evidencias [contra Barrera] están a la vista de todos los colombianos, pero eso no elimina el derecho a la libertad de expresión, así no nos guste la persona que la utilice y así tenga un antecedente perverso”.
En su registro del caso de Barrera, Semana plantea una perspectiva diferente, y recuerda que el fiscal del caso, para solicitar la orden de captura contra Barrera, además de esgrimir los daños que causó a Transmilenio, “hizo un recuento de los líos que ha protagonizado la mujer, que van desde escupir a un policía, irrespetar a la autoridad, falsificar un certificado médico y varios escándalos cuando visitó Brasil como hincha de la Selección Colombia”.
Pero la revista va más allá con un enfoque que discute las libertades que reclama El Espectador para Barrera: “Todos esos episodios amplificados en clave de burla desde sus redes sociales y monetizados, pues las plataformas le pagan a la ‘influenciadora’ por mantener cautivos a sus miles de seguidores, sin importar qué diga o haga para tal propósito. Epa Colombia hizo del vandalismo un negocio”.
Para Semana, el juez tiene en sus manos “una decisión emblemática, ya que tiene todos los elementos para trazar los linderos que debe tener el uso abusivo y peligroso de las redes sociales. […] Cuando el juez entre a decidir sería oportuno que esta vez analice el contexto y que comprenda la lógica perversa que muchas veces está tras las redes sociales y los influenciadores negativos como Epa Colombia”.
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