Pese a obedecer claramente a diferentes orientaciones ideológicas y a diversos intereses, y a representar distintas idiosincrasias regionales, los periódicos con mayor influencia en el país demandan de los colombianos, casi que al unísono, que dejen actuar a la justicia y que sea ella la que emita acusaciones y absoluciones.

Ese es el caso de El Espectador, que advierte en su editorial que ante el requerimiento de la Corte a Uribe y el consecuente anuncio de este de renunciar a su curul en el Senado las instituciones del país están “sin duda ante una prueba de fuego” que solo podrá ser superada “a cabalidad” si se mantiene “la necesaria cautela” y se cierran “los espacios al juego político irresponsable”.

La citación a indagatoria de Uribe por parte de la Corte “es un examen a la madurez de las instituciones del país. Cometen un error los colombianos que se apresuran a prejuzgar y lanzan afirmaciones temerarias; es momento de prudencia, de confiar en la buena fe y en un proceso judicial que debe ser totalmente transparente”, dice este diario.

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Advierte, además, que “por lo polémica que es la figura del expresidente, el oportunismo político y los radicalismos inundaron el debate”, pero asegura que sin importar de quién se trate, “los colombianos no pueden olvidar que la presunción de inocencia es inviolable, y todavía estamos lejos siquiera de una acusación. Lanzar afirmaciones temerarias es sólo atizar el fuego de la polarización nacional y poner en riesgo la estabilidad institucional”. También sostiene que el comportamiento de la Corte “ha sido, hasta ahora, el adecuado”.

El Colombiano, de Medellín, de claros afectos hacia el expresidente Uribe, hace un llamado directo a los magistrados de la Corte para que apliquen el derecho “con imparcialidad absoluta que no admita tacha ninguna”, los conmina a “no partir de prejuicios que invierten la carga de la prueba” y les exige no solo que cumplan su labor “de forma correcta”, sino “impecable, lejos del ruido que les pide cobrarse venganzas o tomar decisiones que tienen objetivos distintos al de la justicia”.

Recuerda también que hay un sector de la clase política y de opinión que no está de acuerdo con el pensamiento y actuaciones de Uribe, y que “al considerarlo imbatible en política, al no poder apartarlo mediante el proselitismo y los votos, han buscado a toda costa hacerlo por la vía judicial penal”. A esos contradictores les hace un llamado “al buen juicio y la sensatez”, pues, advierte, “hay formas de hacer oposición que generan hondas fracturas en la sociedad colombiana y en el momento actual de polarización del país, jugar con fuego puede tener consecuencias indeseables para todos”.

Para El Tiempo, es “imperiosa” la necesidad de que el proceso contra Uribe –en la Corte o en la Fiscalía– sea “absolutamente transparente y, lo más importante, convincente para la opinión”. También, como otros medios, apela a la idea de “prueba de fuego” a la que se enfrenta la justicia, de un “talante quizás inédito en los tiempos recientes”.

Con el fin de que la justicia salga airosa, plantea que el proceso “debe ser respetuoso a carta cabal de las garantías del exmandatario”, lo cual implica “no solo que se garantice el debido proceso, así como la presunción de inocencia, sino también que haya certeza absoluta de que la administración de justicia estará totalmente deslindada de la política”.

Y desde la orilla opuesta a la de El Colombiano (que se dirige a los detractores de Uribe), El Tiempo hace un llamado a los seguidores del expresidente para que “no pongan de entrada un manto de duda” sobre la Justicia. “Todos, seguidores y opositores de Uribe, deben coincidir en que lo necesario es que la justicia esté libre de cuestionamientos y no ayudar a que ocurra lo contrario”.

El diario El País, de Cali, recuerda que los desacuerdos y las vinculaciones entre Uribe y organismos jurisdiccionales comenzaron desde el momento en que él fue gobernador de Antioquia, en 1995. “Luego se agudizaron ente el 2002 y el 2010” cuando fue Presidente. “Han pasado más de veinte años y todavía existen procesos contra […] Uribe que aún no han sido cerrados. Y todo ha sido rodeado de polémicas, de declaraciones y acusaciones que han creado una innegable atmósfera de incertidumbres, alimentadas por las filtraciones de informaciones claves y la intervención de personajes de reconocida trayectoria en la política nacional”, agrega.

En todo caso, reclama en el proceso que le abrió la Corte “absoluta transparencia y el respeto a su derecho a la defensa […], sobre la base de que la ley es igual para todos los colombianos y que ninguna persona, incluyendo expresidentes o jueces de la República, está por encima de ella”. También espera que se actúe “con la justicia, la prudencia y el respeto a las instituciones que se requiere para evitar radicalizaciones extremas y males mayores para Colombia”.

Finalmente, El Heraldo, de Barranquilla, dice que lo primero que se impone en esta coyuntura es “llamar a la serenidad y al respeto escrupuloso de las instituciones”, aunque advierte que “no será una tarea sencilla, si nos atenemos al tono de los comentarios de uno y otro bando que surcan desde el martes por las redes sociales”.

“Dejemos actuar a las instituciones”, invita el diario costeño, porque, “con sus insidias”, tanto detractores como afectos a Uribe “lo que hacen es minar el ya de por sí frágil andamiaje democrático del país”.