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La vereda Las Casitas, en Valledupar, vive momentos de honda conmoción tras el asesinato de Cristina Isabel Rodríguez Cano y su hijo Diego Andrés Beleño Rodríguez, un crimen que no solo ha tocado a su familia, sino que también ha sacudido a toda la región y pone en el centro del debate la alarmante situación de violencia en los entornos rurales de Colombia. El doble homicidio ocurrió el 4 de septiembre en la vereda Mérida, ubicada en el municipio de San Vicente de Chucurí, Santander, y fue perpetrado por Víctor Alfonso Camacho Suárez, quien fue aprehendido en flagrancia mientras intentaba comercializar la motocicleta que había robado a sus víctimas, de acuerdo con información de El Pilón.
Este trágico episodio pone en relieve la situación de permanente vulnerabilidad que sufren mujeres y niños en zonas rurales, donde la aplicación efectiva de la justicia y la protección de la ciudadanía se enfrentan a múltiples desafíos. Datos de Medicina Legal de Colombia revelan que solo en 2024 se registró un aumento del 12% en los asesinatos de mujeres en áreas rurales, marcando un preocupante agravamiento de la impunidad. En estos territorios, caracterizados por el aislamiento y las limitadas rutas de acceso, la debilidad institucional contribuye a perpetuar la violencia y la falta de respuestas adecuadas.
El contexto de la región de Santander resulta aún más complejo por la presencia histórica de conflictos armados internos y la operación de grupos armados ilegales, condiciones que, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), agudizan la inseguridad y propician la mezcla de problemáticas como la criminalidad, la pobreza y las oportunidades restringidas. Estos factores juntos dificultan la tarea de construir una paz duradera y limitar la persistencia de graves violaciones a los derechos humanos fundamentales.
La despedida de Cristina Rodríguez y su hijo en Las Casitas, un acto marcado por globos blancos y carteles que piden justicia, pone de manifiesto el dolor de la colectividad y amplifica la exigencia de respuestas gubernamentales firmes y efectivas. Testimonios recogidos por El Pilón insisten en la dimensión humana de la tragedia, porque la pérdida deja huérfanos y comunidades sumidas en el duelo. Al mismo tiempo, el caso subraya la urgencia de mejores mecanismos de prevención, denuncia y atención a la violencia de género y familiar en contextos rurales, donde muchas veces los crímenes quedan en el silencio.
Expertos citados por la Fiscalía General de la Nación recalcan que el esfuerzo de la policía y la justicia, si bien imprescindible, no basta por sí solo; debe ser acompañado de políticas públicas integrales que contemplen campañas de sensibilización, apoyo psicológico y educativo, junto a una presencia institucional robusta incluso en territorios de difícil acceso. La fiscalía destaca que durante 2025 se han intensificado programas de formación para atender a víctimas, aunque reconocen la insuficiencia de estos esfuerzos en muchos lugares apartados.
El papel de los medios regionales, como El Pilón, y de organizaciones internacionales como Human Rights Watch, resulta fundamental para no dejar estos casos en la sombra y propiciar un diálogo social amplio sobre la raíz y las consecuencias de la violencia. El asesinato de Cristina Rodríguez Cano y su hijo demanda una respuesta profunda y sostenida de parte de autoridades nacionales y locales, la sociedad civil y organismos internacionales, para garantizar la protección y el respeto a los derechos de quienes habitan el campo colombiano.
¿Qué acciones puede tomar una comunidad rural para denunciar la violencia de género?
En contextos rurales como el de Las Casitas, las rutas para denunciar violencia de género suelen estar limitadas por la distancia, el desconocimiento institucional o la intimidación de los agresores. Sin embargo, la articulación comunitaria, la búsqueda de aliados en medios regionales reconocidos y la promoción de espacios seguros para la denuncia pueden servir para romper el silencio. Acciones colectivas como jornadas de sensibilización y el acompañamiento a víctimas hasta las autoridades pueden, además, ayudar a visibilizar la problemática.
La experiencia regional y los informes de fuentes como la Fiscalía General de la Nación resaltan la importancia de la escuela, el liderazgo local y la colaboración entre veredas para fortalecer las denuncias y exigir presencia institucional. Enfrentar la violencia requiere que las instituciones respondan, pero también de la voluntad comunitaria para no normalizar la agresión ni la impunidad.
¿Por qué las zonas rurales enfrentan mayores dificultades para acceder a la justicia?
Las zonas rurales, como aquellas descritas en los informes de INDEPAZ y El Pilón, enfrentan obstáculos particulares: la distancia hacia las cabeceras urbanas, la falta de transporte, la escasez de funcionarios judiciales y policiales, y la persistencia de amenazas por parte de grupos armados o delincuentes obstaculizan el acceso oportuno a la justicia. Esta realidad favorece la impunidad, pues muchas víctimas prefieren el silencio ante el miedo y la desconfianza.
Sumado a esto, la debilidad de las instituciones y la frecuente rotación de personal hacen que los procesos sean más lentos o queden en el olvido, como lo muestran los datos presentados por Medicina Legal y la Fiscalía. Revertir esta situación implica garantizar presencia estatal continua, formación de funcionarios y fortalecimiento de las rutas de atención y protección para quienes denuncian en el ámbito rural.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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