Actualmente, en Colombia solo un 1.3 % de estos trámites son virtuales, lo que dificulta el acceso par amuchas personas y solo los vuelve más costosos por el tiempo, los desplazamientos y el desgaste que implica.

La propuesta para digitalizarlos se hizo en un debate de control político en la Cámara de Representantes, donde se planteó que la competitividad de muchos sectores en el país se ve afectada porque no se respeta la ley antitrámites y se violan los derechos de personas y empresas.

También se planteó establecer una política de Estado para eliminar definitivamente el problema, la estandarización de la mayoría de esas diligencias y el trabajo en conjunto de muchas entidades porque el 23 % de ellas no comparte información y le transfiere la carga al ciudadano.

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El Liberal Reyes Kuri encontró que los colombianos tienen que lidiar con cerca de 54.000 trámites que demoran en promedio 20 días para resolverse. Esto, además, aumenta los riesgos de corrupción en las entidades, le resta competitividad al país y hace aún más inoperante al Estado.

Lo más preocupante es que la mayoría de esos trámites son en el sector salud. En Colombia, cada 51 segundos una persona interpone una acción de tutela y el 27 % de ellas es para reclamar por la prestación de servicios médicos como la entrega de medicamentos, obtener citas médicas o autorizar exámenes o cirugías.

Los trámites excesivos afectan a los ciudadanos más pobres y les impiden acceder a ciertos beneficios. Solo para obtener un subsidio de vivienda, por ejemplo, se exigen 52 requisitos.

Además de la salud y la vivienda, afecta otros derechos como la educación, el acceso a servicios públicos y la libertad de empresa para aquellos que buscan emprender. Los mayores enemigos de este sector en lo que a tramitología se refiere son entidades como el Invima, el Ica, la Dian, y la Anla.