El nuevo embajador en Venezuela, Armando Benedetti, recuperó un apartamento en el norte de Bogotá, en el conjunto residencial El Retiro. Un juez de Bogotá consideró ilegal las medidas de embargo y secuestro tomadas por la Fiscalía el pasado 13 de octubre, cuando en un operativo se ocupó la propiedad adquirida por Benedetti.
El ente investigador, no obstante, tiene abierta una investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, en el cual entraría esa propiedad.
(Le puede interesar: Benedetti sugiere que vivir en Venezuela es como en Colombia: “Es la misma pobreza”)
Contra Armando Benedetti permanece una pesquisa desde 2017 por presuntamente, como lo denunció el abogado Jaime Lombana, enriquecerse a través de contratos públicos con Fonade, Fiduprevisora, Sena, Electricaribe y hasta el Ministerio de Agricultura. La Fiscalía realizó un estudio patrimonial, tras el cual se habrían detectado incrementos por justificar en 2009, 2014, 2016 y 2017.
En medio de esa investigación, la Fiscalía ocupó el apartamento de Benedetti en Bogotá. Consideró que no tendría como justificar su adquisición y lo puso a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que administra los bienes vinculados a delitos en Colombia.
Sin embargo, el juez consideró que la Fiscalía no cumplió con los criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad para secuestrar el apartamento.
(Vea también: Aerolínea que iba a operar primer vuelo entre Colombia y Venezuela ya no va)
“No se encuentra que la motivación presentada dé claridad sobre el cumplimiento de los fines de la limitación. No se entiende de qué manera los afectados estarán usufructuando o lucrándose de ese bien, cuando tal como lo expuso la Fiscalía Delegada lo usan habitualmente como domicilio cuando viajan a Bogotá”, consideró el juzgado especializado en extinción de dominio.
Así las cosas, tanto la Fiscalía como la SAE deberán entregar el apartamento a Benedetti en las mismas condiciones en las que se encontraba hasta el 13 de octubre del año pasado. Sin embargo, como la investigación sigue abierta, el embajador no podrá hacer uso del poder dispositivo. Es decir, no podrá vender o traspasar el bien hasta que un juez de la República decida si efectivamente tiene un origen ilícito.
La defensa de Benedetti, por su parte, argumentó que la Fiscalía propone una hipótesis vaga sobre la adquisición del apartamento. “Así mismo señala que de los informes contables, se concluye que su cliente no tiene incrementos injustificados, sino por justificar”, se lee en el expediente. Además, la defensa del político considera que es un “tercero de buena fe”, dado que el bien era de la señora Ruby Corredor, quien lo obtuvo por parte del Estado. Y si ella no puede justificar esa adquisición, la culpa no es de Benedetti.
Al final, el juzgado escribió un párrafo aparte para la SAE. Señaló que, si bien la Fiscalía quiere dejar el apartamento a su disposición, el modelo de la sociedad no se ha caracterizado por “ser el más eficiente y eficaz”. Esto debido a que, bajo su consideración, no cuenta con un inventario fiable desde el punto de vista físico, jurídico y financiero de cada uno de los activos. Y que es recurrente que casos como el de Benedetti terminen en acciones de tutela para evitar violaciones a derechos fundamentales.
LO ÚLTIMO
.svg)
