Los procedimientos, que se iniciaron el 18 de diciembre de 2017 y concluyeron el pasado 20 de abril, estuvieron supervisados por 18 procuradores judiciales que acompañaron las acciones de ocho divisiones del Ejército y de la Fuerza de Tarea Omega, informó el Ministerio Público en un comunicado.
Las operaciones se realizaron en los departamentos de Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Meta, Norte de Santander y Valle, bajo la coordinación del Comando Estratégico de Transición, creado para asesorar al Gobierno en temas como el cese al fuego, desarme y reincorporación de las Farc.
La Misión de la ONU informó, en septiembre de 2017, que había culminado el proceso de extracción de 750 de caletas de las 998 reportadas por las Farc.
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La Procuraduría detalló que en las 205 caletas desmanteladas fueron halladas 1.658 granadas, 121.744 municiones de diferentes calibres, 51 morteros y sistemas de lanzamiento.
Igualmente, 902 minas antipersonales y artefactos explosivos improvisados, 7.236 detonadores, más de 17.000 metros de cordón detonante, 5.428 kilos de explosivos, 154 armas y 535 accesorios para armamento.
El Ministerio Público remarcó que los “18 procuradores judiciales acompañaron los operativos para la ubicación, destrucción, inhabilitación y disposición final de armamento, municiones y explosivos”.
El Gobierno colombiano y las Farc firmaron un acuerdo de paz en noviembre de 2016, por el cual esa guerrilla dejó las armas y comenzó su incorporación a la legalidad, que incluyó su participación en política.
EFE
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