Según el Ministerio Público, Besaile y Lyons incurrieron en irregularidades en el pago de terapias a menores de edad en condición de discapacidad.
Además, les reprocha que no ejercieron su deber de vigilancia y control sobre los actos de sus secretarios de Salud.
Esto, dice el comunicado de la Procuraduría, “permitió que se ordenaran pagos de terapias de rehabilitación a 2.181 menores de edad en condición de discapacidad, prestadas en el periodo comprendido entre diciembre de 2014 y agosto de 2015, por $4.988 millones, sin que mediara relación contractual entre el ente territorial y Funtierra Rehabilitación IPS”.
El órgano de control también sancionó por 11 años a los exsecretarios de Salud, Edwin Preciado Lordy y José Jaime Pareja Alemán.
Sumado a esto, la Procuraduría asegura que encontró que los disciplinados dijeron que los pagos obedecían al cumplimiento de fallos de tutela. Sin embargo, ese mismo órgano advirtió que, pese a que las decisiones judiciales se debían cumplir, las órdenes consistían en la obligación de prestar el servicio a las personas con discapacidad y no se dispuso omitir la celebración de un contrato.
La decisión es en primera instancia y tiene recurso de apelación.
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