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El 1 de mayo de 2021, durante el paro nacional en Colombia, las muertes de Elvis Vivas y Brayan Niño, ambos de 24 años, pusieron de manifiesto los excesos en el uso de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Según el artículo original, las víctimas sufrieron múltiples golpes y, en el caso de Brayan Niño, el impacto directo de una bala de gas lacrimógeno, hechos que desembocaron en procesos judiciales que, hasta la fecha, permanecen estancados y generan profunda frustración entre sus familias. Estos incidentes no solo sacudieron la opinión pública, sino que encendieron el debate alrededor del accionar policial en el contexto de manifestaciones sociales.
Un avance relevante llegó para una de las familias con el fallo de la Procuraduría General de la Nación el 15 de agosto de 2025. En esta decisión, de segunda instancia, la procuradora Luz Estella García agravó la sanción contra el mayor Carlos Javier Arenas, comandante del Esmad en aquel momento. Inicialmente, Arenas había recibido una multa de 18 millones de pesos, pero el fallo posterior lo destituyó y lo inhabilitó para ocupar cargos públicos durante nueve años, al considerarse que su conducta constituyó homicidio a título de dolo, lo que implica la intención de cometer un acto ilícito gravísimo.
La decisión de la Procuraduría se apoya en la violación de los protocolos del uso progresivo y diferenciado de la fuerza, estipulados en el Manual de Derechos Humanos y Uso de la Fuerza de la Policía Nacional de Colombia. De acuerdo con un comunicado oficial de la Procuraduría General de Colombia (2025), el comandante Arenas, dada su formación especializada y su conocimiento de estas normativas, acentuó la gravedad de su actuar al desatender deliberadamente recomendaciones básicas de seguridad. No se trató de negligencia, subrayó la entidad, sino de una infracción consciente y de consecuencias mortales.
La preocupación por estas prácticas no surge de manera aislada. Organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado sistemáticamente el uso excesivo de la fuerza por parte del Esmad durante protestas sociales en Colombia. Un informe conjunto de 2022 resalta la existencia de un patrón en el cual se combinan detenciones arbitrarias, agresiones y, lamentablemente, muertes. Dichos reportes enfatizan el impacto negativo que esto ha tenido sobre la confianza ciudadana en las instituciones policiales, así como la urgencia de implementar reformas estructurales que garanticen la protección de los derechos humanos en escenarios de protesta.
Este caso pone en evidencia un desafío global: organizaciones como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-ACNUDH) y el Banco Mundial advierten sobre la delgada línea que separa la seguridad pública de la protección de las libertades fundamentales, instando a la aplicación de criterios claros y sancionables para el uso de la fuerza y previniendo la impunidad. En el caso colombiano, la Defensoría del Pueblo ha señalado demoras estructurales y estancamiento en los procesos judiciales cuando se trata de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. Estas demoras contribuyen a la percepción de impunidad y alimentan un sentimiento de injusticia social entre los afectados y la sociedad en general.
En conclusión, la experiencia de las familias de Vivas y Niño evidencia la necesidad urgente de fortalecer las garantías judiciales y administrativas para sancionar efectivamente a los responsables de violaciones de derechos humanos. Especialistas en ciencias políticas y derechos humanos sostienen que una transición efectiva hacia una Policía Nacional más transparente, comprometida con la protección de la ciudadanía y sometida a supervisión externa, resulta indispensable. Solo así se podrá restablecer la confianza colectiva y evitar la repetición de tragedias similares en un país que aún busca respuestas de verdad, justicia y reparación para sus víctimas.
¿Qué es el Esmad y cuál es su papel en las protestas sociales? El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) es una unidad especial de la Policía Nacional de Colombia cuyo objetivo principal es el control del orden público durante manifestaciones o protestas. Su creación y entrenamiento responden a situaciones donde se requiere dispersar o contener multitudes para evitar desmanes. Sin embargo, su actuación ha sido objeto de controversia a raíz de denuncias por uso excesivo de la fuerza y vulneraciones a los derechos humanos. Estas acusaciones han abierto el debate sobre la necesidad de reformar o suprimir esta fuerza de choque en función de principios democráticos y respeto a las libertades fundamentales.
La relevancia de esta pregunta radica en que comprender la función y el marco normativo del Esmad permite contextualizar los hechos de violencia durante las protestas sociales. Además, aporta elementos para evaluar cómo se pueden ajustar los protocolos de intervención y garantizar el equilibrio entre el derecho a la protesta y la seguridad ciudadana, cuestión central en la construcción de confianza entre la institución policial y la sociedad colombiana.
¿Por qué suelen tardar tanto los procesos judiciales en casos de derechos humanos contra la fuerza pública en Colombia? El retraso en los procesos judiciales vinculados a violaciones de derechos humanos a manos de la fuerza pública responde a diversos factores identificados por instituciones como la Defensoría del Pueblo. Entre estos se encuentran la falta de recursos técnicos y humanos, la complejidad de los casos, la protección a funcionarios implicados y la presión política e institucional que puede entorpecer el avance de las investigaciones. Esto, a su vez, abona la desconfianza y el sentimiento de impunidad, especialmente entre las familias de las víctimas.
La importancia de esta pregunta reside en que la lentitud de la justicia en estos procesos impide la reparación integral y dificulta la prevención de nuevos abusos. Por ello, la revisión y el fortalecimiento de los mecanismos judiciales no solo son una respuesta a las familias y a la sociedad, sino un factor clave en la consolidación democrática y el respeto a los derechos humanos en Colombia.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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