Todo habría sucedido mientras Rodríguez lideraba el Departamento Nacional de Planeación (DNP), con alrededor de medio billón de pesos; un 12 % de los recursos aprobados por Ocad-Paz, “órgano del Sistema General de Regalías que prioriza y designa al ejecutor de los proyectos que buscan beneficiar a municipios” incluidos con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), según la emisora.
Varios mandatarios regionales, como los de Orito, Putumayo, y Condoto, Chocó, coincidieron en señalar que quien elegía los proyectos y los asignaba sin respetar el orden de inscripción era Álvaro Ávila, director del Sistema General de Regalías del DNP, quien ya habría sido denunciado por pedir coimas para amañar la adjudicación, añade el informativo.
Según ellos, los municipios debían competir por conseguir presupuesto e iniciativas, por lo que debían pagar entre 6 % y 15 % para que sus municipios pudieran ser favorecidos. Esos pagos también habrían terminado en funcionarios del gobierno y congresistas conservadores como Samy Merheg y Ape Cuello, de acuerdo con la investigación.
La Procuraduría ya investiga a Ávila por irregularidades en unos 500 proyectos, detectando que “fueron aprobados sin cumplir con la totalidad de los requisitos y, en otros casos, las certificaciones se expidieron seis meses después de que se les hubiera dado vía libre”, añade Blu.
Tales proyectos estaría ubicados principalmente en Putumayo, Antioquia, Córdoba, Risaralda, Casanare, Sucre, Cundinamarca, Arauca, Magdalena, Santander, Nariño y Boyacá, entre otras zonas.
La emisora también detalla quiénes fueron los que decidieron al respecto en el 2021. Entre ellos menciona a “los alcaldes de La Paz, Cesar, Martín Zuleta; y de La Uribe, Meta, Marcelino Chacón; el contralor delegado para el posconflicto, Juan Carlos Gualdrón; el contralor delegado de la Unidad de Regalías, Aníbal Quiroz; y el entonces gobernador de Arauca José Facundo Castillo, hoy preso e imputado por la Fiscalía por tres delitos contra la contratación pública”.
Allí también figuran dos representantes a la Cámara del Partido Conservador, Waldtih Manzur, de Córdoba, y Yamil Arana de Sucre.
Entre los involucrados también estaría el contralor delegado de la Unidad de Regalías, Aníbal Quiroz, a quien señalan de “rechazar proyectos aún cuando ya tenían todos los vistos buenos de las otras entidades” sin sustentación clara, mientras que otros objetados aparecían luego aprobados sin que se hubieran hecho cambios.
Con este último funcionario ya son tres candidatos a contralor general los que aparecen en el entramado: Quiroz, Gualdrón y Rodríguez, agrega la cadena radial.
Asimismo, indica que el tema ya era de conocimiento de Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Dirección Nacional de Planeación y hasta del propio consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, pero el caso llevaría dos años sin avances.
Algunos de los casos más reveladores mencionados muestran, por ejemplo, que mientras “Cesar recibió 652.852 millones de pesos, Guanía obtuvo 1.500 millones de pesos”, indica la información.
La conclusión de los investigadores es que la idea era “raspar la olla” de recursos destinados a la paz, comprometiendo de paso la inversión de municipios para los próximos 10 años, “principalmente en el desarrollo de vías, electrificación, agua potable y saneamiento básico”. Esto después de que, “en 2020, el Congreso aprobó que los recursos de regalías proyectados a 2030 se ejecutaran hasta el 2022”.
“Como la ley fue sancionada en diciembre, ese adelantó se adjudicó en 2021, año en el que los proyectos aprobados sumaron 4,4 billones de pesos, lo que contrasta con el billón de pesos destinado en 2020 y los 36.000 millones aprobados este año hasta mayo 30”, revela el medio de comunicación.
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