Las 45 demandas allegadas a la oficina jurídica de la Cámara de Representantes atañen a errores o declaratorias de nulidad de leyes que afectaron económicamente a diferentes sectores del país, señaló el periódico.
Se trata de pretensiones económicas con un “alto” riesgo de pérdida para el Estado porque de por medio existen fallos de altas cortes que dejaron sin piso esas normas, agregó el medio.
De hecho, otras demandas por 15.600 millones de pesos tienen un riego “alto medio” de perderse debido a situaciones similares.
Además El Tiempo recoge una demanda por 2,5 billones de pesos contra el Senado, la Cámara de Representantes y el Ministerio de Minas por formulación de la Ley 1450 de 2011, que faculta a esa cartera a fijar los precios de los combustibles con base en los precios internacionales del petróleo.
El problema es que esa ley se proyectó sin parámetros legales de acuerdo con un fallo de la Corte Constitucional que tumbó el articulado de esa ley y que habría generado millonarias pérdidas a los gremios de transportadores y de combustibles del país, precisó el periódico.
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