La Fiscalía judicializó a una docena de personas señaladas de deforestar más de 7.000 hectáreas de bosque nativo en Cundinamarca y Boyacá para extraer madera de manera ilegal. Entre los procesados hay exfuncionarios de autoridades ambientales que fueron imputados por concierto para delinquir, cohecho, entre otros delitos. Nueve de los procesados aceptaron cargos.
La red operaba así: compraban o se apropiaban de zonas de reserva forestal, talaban árboles de especies protegidas y trasladaban la madera obtenida ilegalmente a sitios de acopio para su posterior venta. La operación pasaba de agache, además, porque tenían comprados a funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) que les expedían permisos a cambio de sobornos.
(Vea también: Fuertes lluvias, derrumbes e inundaciones: municipios y vías afectadas en Cundinamarca)
La #Fiscalía logró la judicialización de 12 presuntos integrantes de una red delictiva señalada de deforestar algo más de 7.000 hectáreas de bosque nativo en varios municipios de #Cundinamarca y #Boyacá, obtener madera de especies protegidas y comercializarla. pic.twitter.com/wfd9WGJekk
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 13, 2022
El entramado criminal afectó bosques nativos de los municipios de Tunja, Pesca y Cómbita (Boyacá), así como de Zipaquirá y municipios de la sabana norte y occidente de Bogotá, en Cundinamarca. En estos y otros municipios la madera era, posteriormente, vendida.
Los articuladores de esta empresa criminal deforestadora, según la Fiscalía, estarían Omar Pineda González e Isaías Cita Uribe. Su labor consistía en “la financiación y compra de los bosques, la preparación de la madera, el transporte del producto en tractocamiones y el contacto directo con los funcionarios que estarían al servicio de la red”, explicó el ente investigador en un comunicado.
En concreto, tres funcionarios hacían parte de la red, según han podido determinar las pesquisas. En primer lugar, el ingeniero del ICA David Enrique Rodríguez Cifuentes, “quien sería el responsable de emitir conceptos técnicos forestales que le permitían a la estructura ilegal explotar determinadas zonas”, aseguró la Fiscalía. En segundo lugar, Sandra Liliana Páez Triviño, adscrita a un área de control fitosanitario del ICA, quien habría gestionado la adquisición de salvoconductos movilizar la madera.
Y, finalmente, el contratista de la CAR Jorge Augusto Cortés Rincón. Según su nivel de participación y su rol en la organización criminal, un fiscal de derechos humanos les imputó los delitos de concierto para delinquir, aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables y cohecho por dar u ofrecer. Ante un juez de control de garantías nueve de los procesados aceptaron los cargos y pasarían a recibir sentencia.
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