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El Sistema Estratégico de Transporte Público de Valledupar (SIVA) se encuentra sumido en una crisis financiera que amenaza la estabilidad y continuidad del servicio para miles de ciudadanos. Con un déficit operativo estimado en $18.500 millones, el panorama es preocupante no solo para los habitantes de Valledupar, sino también para todo el país. Este caso refleja el contexto nacional, donde el déficit acumulado de los sistemas de transporte público supera los $6 billones, según datos de El Pilón. Esta situación pone en jaque la movilidad de millones de usuarios, quienes dependen diariamente de un servicio cada vez más frágil y limitado.
Aunque el SIVA fue diseñado para movilizar más de 20.000 pasajeros diarios, actualmente solo transporta la mitad de esa cifra. Este bajo volumen de usuarios profundiza los desequilibrios financieros, agravados por una cobertura operativa reducida (apenas 60 a 80 de los 130 buses importados de Italia funcionan, cuando el plan original contemplaba 184 unidades) y tarifas que no alcanzan a cubrir los costos operativos. Como consecuencia, la responsabilidad de cubrir este déficit recae sobre los entes territoriales, que deben subsidiar el sistema en medio de restricciones presupuestales, según reporta El Pilón.
Ante esta coyuntura, surge una propuesta legislativa impulsada por Carolina Arbeláez, representante a la Cámara por Bogotá. Su iniciativa busca establecer un modelo de cofinanciación permanente entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, permitiendo que la Nación aporte hasta el 40 % de los recursos a través del Presupuesto Nacional. Esta cofinanciación, regulada por el Ministerio de Transporte, está condicionada al cumplimiento de criterios como la operación de al menos el 60 % de las rutas y la implementación de sistemas de gestión de flota y recaudo centralizado. Asimismo, el proyecto promueve tarifas diferenciadas para estudiantes, adultos mayores y población vulnerable, con miras a mejorar la equidad y aceptación social, según información de El Pilón.
Sin embargo, más allá de la urgencia financiera, la crisis del SIVA tiene raíces estructurales relacionadas con la planificación urbana, el bajo nivel de cobertura y frecuencia, y la reducción de horarios que aleja a los usuarios. Actualmente, los ciudadanos deben esperar hasta 30 minutos por un autobús, cuando la meta era un intervalo mucho menor. Además, la suspensión de servicios los domingos y festivos, y la reducción horaria desde 2024, profundizan el círculo vicioso entre baja demanda y alto déficit económico.
Esta realidad no es excepcional: el Ministerio de Transporte de Colombia señala que en el país es recurrente la falta de inversiones suficientes y la descoordinación entre niveles de gobierno, lo que genera sistemas deficitarios dependientes de subsidios poco sostenibles (Informe 2023). Dichas limitaciones comprometen no solo la movilidad urbana, también el acceso a oportunidades y el bienestar ciudadano. En efecto, sistemas de transporte público poco fiables y costosos aumentan la desigualdad y refuerzan la dependencia del transporte privado, dificultando la integración de tecnologías más limpias y eficientes.
Expertos y organismos internacionales advierten que la solución requiere un enfoque integral: desde la planificación urbana inteligente y la innovación tecnológica para la gestión de flota y recaudo, hasta mecanismos sólidos de participación ciudadana y transparencia. La sostenibilidad financiera, advierte el Banco Mundial, debe complementarse obligatoriamente con una visión de largo plazo y reformas institucionales que eviten nuevas crisis y aseguren la equidad y funcionalidad del sistema.
El impacto de esta crisis recae con mayor fuerza sobre la población de menores recursos, que depende del transporte público para acceder a educación, empleo y servicios esenciales. La falta de un sistema confiable y asequible representa no solo una barrera económica, sino también social y de desarrollo, como concluye el informe de ONU-Habitat sobre transporte urbano inclusivo.
En definitiva, la situación del SIVA es el espejo de los desafíos estructurales de la movilidad en Colombia: insuficiencia financiera, baja demanda ligada a deficiencias operativas, y políticas poco integradas. La iniciativa legislativa en marcha puede marcar un punto de quiebre, aunque su éxito dependerá de una implementación rigurosa, un seguimiento constante y una verdadera vocación política por hacer del transporte público un servicio eficiente, equitativo y sostenible.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿Qué es un sistema de gestión de flota y recaudo centralizado?
Un sistema de gestión de flota y recaudo centralizado es una plataforma tecnológica que permite monitorear, coordinar y optimizar la operación de los vehículos de transporte público, gestionando en tiempo real factores como rutas, horarios y frecuencias. Al mismo tiempo, el recaudo centralizado implica que todas las transacciones de pago de pasajes se realicen a través de un sistema unificado, permitiendo controlar los ingresos, minimizar pérdidas y mejorar la transparencia financiera. Estos sistemas son clave para fortalecer la eficiencia y credibilidad del servicio, pues proporcionan información precisa para la toma de decisiones y facilitan la fiscalización.
Su implementación en los sistemas de transporte público, como el SIVA, no solo ayuda a reducir pérdidas por evasión de pago o fugas administrativas, sino que también permite adaptar la oferta de rutas a la demanda real de los usuarios. Según informes del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, este tipo de innovaciones son fundamentales para un sistema sostenible y transparente en el mediano y largo plazo.
¿Cuáles serían las consecuencias de no solucionar el déficit financiero del SIVA?
No atender el déficit financiero del SIVA podría conducir a una reducción aún mayor del servicio, con recortes de horarios, disminución de rutas activas y un deterioro progresivo de la calidad y cobertura del transporte público en Valledupar. Esto conllevaría una mayor exclusión social para quienes dependen del sistema, dificultando su acceso a empleo, educación y atención en salud. Además, el deterioro de la flota y la falta de inversión en mantenimiento y renovación aumentarían los riesgos de accidentes e ineficiencias operativas, agravando el ciclo de pérdida de usuarios e ingresos.
A nivel urbano, el colapso o debilitamiento del transporte público podría impulsar un mayor uso de vehículos particulares, incrementando la congestión, la contaminación y el gasto familiar en movilidad. Según ONU-Habitat, este escenario puede contribuir a una fragmentación social y territorial, al dificultar la integración y equidad en el desarrollo de la ciudad.
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