Con una votación de 8 a 1, la Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó la modificación a la Ley de Garantías que se aprobó en el Congreso de la República dentro de la Ley de Presupuesto. El tribunal acogió la ponencia de la magistrada Diana Fajardo, que ordena suspender todos los convenios administrativos en trámite.
La decisión tiene efectos retroactivos a partir de la expedición de la ley por lo que, al no existir el fundamento legal, los convenios interadministrativos que se suscribieron mientras esta reforma estuvo vigente, deben ser liquidados, reseñó W Radio.
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De acuerdo con la periodista Juliana Ramírez, de Noticias Uno, desde el 29 de enero, cuando empezó a regir Ley de Garantías, hasta el pasado 29 de abril, 159 entidades firmaron 746 de estos contratos o convenios por 796.000 millones de pesos.
La Corte Constitucional recibió más de 40 recursos que alegaban que la única vía para modificar la Ley de Garantías era mediante una ley estatutaria y no una ordinaria como sucedió, y mucho menos en una ley de presupuesto, como lo hizo el Gobierno que preside Iván Duque.
No obstante, el Ejecutivo modificó la norma bajo el argumento de que ya no hay reelección presidencial -motivo por el cual se creó la ley- y entendiendo que la pandemia impidió la realización de obras en los primeros años de mandato de los dirigentes regionales.
Ahora, el tribunal partió de la función de la norma, que es garantizar la igualdad de condiciones en los procesos electorales, por lo que consideró que se debían mantener las restricciones a la contratación con entidades públicas.
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