Coronell ya había desvelado que la jueza Ligia del Carmen Hernández confesó que recibió dinero después de ordenar una medida cautelar que favorecía a Carlos Mattos, cliente de Martínez.

Ahora, el periodista publica un acta en la que aparecen las firmas de la exjueza Hernández y de Martínez, correspondiente a la audiencia de un millonario pleito en el año 2012.

En ese entonces, explica Coronell, la exjueza Hernández era la titular del Juzgado Décimo Civil de Descongestión, a donde llegó la demanda del ciudadano Alejandro González Beltrán contra Corficolombiana, del Grupo Aval, para que le pagara tres certificados de depósito a término (CDT) por 58 millones de pesos cada uno.

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Esos títulos valor se los había expedido, en 1989, Corfivalle, empresa que fue absorbida después por Corficolombiana, cuyo apoderado en este caso era Martínez.

Coronell destaca que en este pleito, como ocurriría después con el de Mattos, la entonces jueza Hernández falló a favor de Martínez y de su cliente.

“El pleito ha ido a tribunales superiores, a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Constitucional y, siete años después del fallo, aún hay decisiones judiciales por tomar”, asegura Coronell.

Según el periodista, en un prospecto de colocación de acciones de hace unos meses, “Corficolombiana advierte que existen dos procesos pendientes, relacionados con este caso, que podrían llegar a costerles 13.000 millones de pesos cada uno”.