“Tenemos tres ángeles que están ahora en el cielo. Que me perdonen por lo que yo hice”, dijo el coronel (r) de la Policía, Benjamín Núñez, al pedir perdón por el homicidio de tres jóvenes en Chochó, Sucre, en julio de 2022. Carlos Alberto Ibáñez, Jesús David Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo fueron asesinados por uniformados bajo las órdenes de Núñez, pero la jueza del caso no aprobó este jueves el preacuerdo al que llegó la defensa del oficial retirado con la Fiscalía, que le habría impuesto 29 años de prisión por el crimen.

Aunque inicialmente negó cualquier actuación irregular, en la audiencia de este 2 de febrero, el coronel (r) Núñez pidió excusas públicas y se comprometió a entregar información que permita esclarecer la muerte de los tres jóvenes y otros hechos que ocurrieron previo en la zona en la que operaba como comandante. En suma, el oficial retirado aceptó responsabilidad por los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, ocultamiento de material probatorio y falsedad ideológica en documento público. Sin embargo, la jueza del caso suspendió la audiencia y ordenó que se retomara el 31 de marzo. Solo hasta entonces se sabrá su decisión.

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“El señor Benjamín Núñez deberá pedir públicamente excusas a las víctimas, al país y a quienes hayan afectado con su actuar. También tiene como compromiso no reiterar las conductas punibles que cometió”, explicó el fiscal del caso al presentarle el preacuerdo a la jueza. Y así se hizo: En medio de la diligencia pública y por un poco más de 10 minutos, el coronel le pidió perdón a las familias de los jóvenes que asesinó. No obstante, la Procuraduría y la defensa de las víctimas se oponen a que el caso sea resuelto vía preacuerdo.

Núñez podría enfrentar 29 años de prisión por lo ocurrido el 25 de julio de 2022. Ese día, los tres jóvenes fueron subidos a un vehículo de la Policía, donde murieron después de que el coronel retirado les disparara a sangre fría. Las investigaciones dieron cuenta de que a los jóvenes los detuvieron con la excusa de que podrían ser los responsables de la muerte del patrullero Diego Felipe Ruiz Rincón, asesinado por el Clan del Golfo en el marco del plan pistola. No había una sola prueba en su contra.

Benjamín Núñez pidió perdón a su familia, amigos y a la institución de la que hizo parte durante un poco más de 22 años. “A mi familia pedirles perdón, ellos más que nadie sabe quién soy yo, cuáles son mis principios y mi corazón. A mis amigos decirles que soy una persona muy fuerte. Con la ayuda de Dios estoy logrando muchas cosas en este establecimiento. A la misma sociedad, los pocos que me conocieron en el trabajo saben quién soy yo, pero se cometen estos errores y aquí estamos diciéndole a la justicia que estoy listo para ser una persona nueva con principios a reconstruir y reparar ese dolor que he causado”, dijo ante el juzgado.

Resaltó que tendrá 29 años para, a su juicio, recomponer el tejido social que considera dañó con sus actos. “A mi institución que la amo mucho. Le entregué toda mi vida. Está en mi corazón. Ojalá pueda tener una oportunidad para resarcir. Por mis hechos no crean que la Policía es mala, no son hechos sistemáticos, son errores personales”, dijo llorando. Añadió que no conocía a los jóvenes asesinados y tampoco tenía enemistad alguna con ellos. Por el contrario, se escudó en la situación de orden público que padecía el departamento posterior al paro armado decretado por el Clan del Golfo tras la extradición de su máximo jefe, Otoniel.

“No tenía enemistad con ellos, por el contexto de orden público que vivía tomé una mala decisión. He traicionado los principios que mi padre y mi madre tienen y es el de respetar la vida de los demás. No solo traicioné los principios familiares, sino de mi institución a la que también pido perdón. Los embates de estos oficios lo llevan a uno a tomar malas decisiones”, dijo entre sollozos. En el preacuerdo, leído en la mañana de este jueves, el fiscal consignó que el coronel retirado sabía que era ilícito privar de la libertad a los tres jóvenes si no contaban con antecedentes penales o con órdenes de captura en su contra.

“Haciendo uso de su arma de dotación disparó en múltiples oportunidades en las que al menos en siete oportunidades impacta en la humanidad de los tres jóvenes. Ese es un comportamiento claramente contrario al deber constitucional”, resaltó el fiscal. Añadió que el mismo día en que ocurrió el crimen, el coronel retirado recibió en su despacho un oficio sobre el suceso. El ente investigador le reprochó que el documento consignaba información falsa, ya que mencionaba que en medio de un operativo policial encontraron heridos a los jóvenes.

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De ahí que, además, le fuera endilgado el delito de falsedad en documento público. “A Benjamín Núñez le era exigible no capturarlos sin razón alguna, a Benjamín Núñez le era exigible no acabar con la vida de los jóvenes, le era exigible que no alterara los documentos porque no tiene enfermedad mental y no hace parte de una comunidad que no le permitiera entender que su actuar era ilegal”, añadió el fiscal del caso al leer el preacuerdo.

Los patrulleros que han aportado información dieron cuenta de que los jóvenes se encontraban en completa indefensión cuando el coronel retirado les disparó y para cuando fueron trasladados a un centro asistencial se fueron por la ruta más lenta, por lo que cuando llegaron al hospital ya estaban sin signos vitales. Por estos hechos también fueron procesados diez policías. Se trata de: María Camila Buriticá Valencia, Jesús María Bolaño Castor, Rafael Paz, Santiago Garavito, Álvaro Álvarez, Yamit Henao, Huber Mieles Arroyo, Bernardo Pontón Mercado, Diana Puerta Rodríguez, Leila Ávila.

La Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, tortura, favorecimiento a terceros, falsedad en documento público y destrucción de material probatorio. Los 10 uniformados fueron judicializados mientras el coronel retirado se encontraba prófugo de la justicia en México. En su momento dijo que salió del país porque él y su familia recibieron amenazas. No obstante, en su acto de perdón dijo que su familia fue la que lo convenció de regresar y presentarse ante la justicia.

En materia disciplinaria, la Procuraduría asumió el proceso cinco meses después de ocurrido el crimen. El Ministerio Público pretende indagar sobre las presuntas irregularidades que se registraron en el operativo en el que murieron los tres jóvenes. “La entidad autorizó el ejercicio del poder preferente resaltando que son hechos de connotación nacional y que al parecer afectaron gravemente derechos fundamentales de personas que perdieron la vida, así como derechos de sus familiares”, dijo el ente de control.

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