Eso afirmó El Tiempo luego de investigar “más a fondo” los nexos de Montes —señalado de dar fajos de billetes (de cuya procedencia hay varias versiones legales e ilegales) a Petro, en un video revelado en un debate sobre Odebrecht— con la anterior administración Distrital, de la que fue subdirector técnico de la Unidad de Mantenimiento Vial.
“Yadira Moreno también tuvo contratos con la administración Petro. Este diario encontró tres contratos, entre 2012 y 2013, firmados con la Secretaría de Desarrollo Económico, que para ese entonces estaba en cabeza de Carlos Simancas. Este último es tío político de Verónica Alcocer, actual esposa de Petro y a quien el ahora senador conoció en Sincelejo por intermedio de Montes”, aseguró el medio.
Igualmente, la publicación indagó sobre otros trabajos fuera de Bogotá de Montes, que lo han llevado a ser en un “poderoso contratista”.
El medio encontró que él tiene “al menos 64 contratos en 7 departamentos”, aunque lo que más le llamó la atención fue una construcción de viviendas en Ricaurte (Cundinamarca), pues Montes aparece como interventor y como arquitecto sale Simón Vélez, también involucrado en el polémico video de la entrega de la plata a Petro (que algunos dicen son del ‘Loco Barrera’).
Vélez negó haberle enviado ese dinero a Petro, pero el exalcalde afirmó que él se lo prestó.
Asimismo, el impreso resaltó unas obras de Montes “en Sahagún, cuna de los ‘Ñoños’”, en el barrio Alfonso López.
Estados Unidos critica a Petro en la ONU y evalúa si continúa apoyo a Colombia en el Acuerdo de Paz
Estados Unidos lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. El representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al Gobierno de usar “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que, según Washington, socavan los avances hacia una paz duradera. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, señalando que se ha desviado de su objetivo inicial —la desmovilización de las Farc— para centrarse en lo que calificó como “prioridades políticas excesivas”, como la JEP y el apoyo a minorías étnicas.
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