El informe del órgano de control encontró que el servicio público de transporte cuenta actualmente con una flota de 5.782 vehículos, de un total de 10.515 requeridos para atender la demanda total de transporte público en la ciudad.

En cuanto a la implementación de rutas en el componente zonal, el SITP tan solo se refleja un avance del 58.3 %, del cual hacen parte 96 rutas alimentadoras y 271 urbanas para un total de 367.

Las localidades de la ciudad más afectadas son Suba, que no llega ni al 1 % de implementación porque la empresa que le prestaba el servicio fue liquidada; Fontibón y la zona de Perdomo también tienen un alto déficit del sistema; mientras que Usme y San Cristóbal tienen menos del 50 %, agregó Noticias Caracol.

“En el 2014 debimos haber terminado la integración. Estamos en el 2019, casi 70 meses después sometidos a prorrogas. Si tenemos un déficit de 4.300 vehículos que no se han desintegrado, ese retraso en chatarrización [de buses del SITP provisional que suplen parte del déficit del servicio] genera no solo riesgos en términos de posible accidentalidad, sino escenarios de contaminación de aire”, explicó el contralor Juan Carlos Granados al noticiero.

El documento también asegura que las empresas en riesgo pueden afectar a 4.43 millones de personas, que equivalen al 54,24 % de la población de Bogotá, siendo la situación más crítica en las localidades de Fontibón, Suba, Kennedy, Ciudad Bolívar, Usme y Bosa.

Es decir, que los ciudadanos de gran parte de la ciudad no reciben un servicio de calidad, según alertó la Contraloría en un documento enviado directamente al alcalde Enrique Peñalosa, en el que también habla del riesgo al que se enfrenta la ciudad por los problemas con los operadores, el sistema de recaudo, la infraestructura y el servicio del SITP. Además, del bolsillo de los bogotanos han salido 4 billones de pesos para suplir el déficit fiscal del sistema.