“Ante esta debilidad institucional, sumada la insuficiencia de información para la toma de decisiones y los grandes riesgos de afectación ambiental, se esperaría que el Gobierno Nacional actuara conforme al principio de precaución y estableciera como mínimo una moratoria en la aplicación de este tipo de técnicas”, manifestó Maya.
Así se refirió el funcionario durante la instalación del seminario internacional ‘Control Fiscal Ambiental para el Desarrollo Sostenible’ que se desarrolla en Bogotá.
El contralor señaló que Colombia no está “suficientemente preparada” para mitigar los riesgos y afectaciones por el ‘fracking’ y recomendó que esta moratoria perdure hasta que el país cuente con “capacidad institucional”, “conocimiento científico” y “una cartografía geológica” detallada.
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Lo anterior es necesario, apuntó, para que empresas y entidades tengan conocimiento de la biodiversidad de los territorios y entiendan “las características del subsuelo en cuanto a la tectónica y sismicidad”.
Maya afirmó que ante esto algunos países han declarado moratorias e incluso algunos han prohibido definitivamente la explotación con fracturación hidráulica, si bien no mencionó ejemplos.
El contralor aprovechó su intervención para asegurar que en el país las reservas forestales pasaron de más de 65 millones de hectáreas a cerca de 40 millones de hectáreas, aunque no detalló el periodo, y calificó de “nefastos” los resultados de la política pública de bosques y de deforestación.
“El crecimiento observado en la economía colombiana no está fundado en la generación de valor, sino en el consumo depredativo de sus recursos naturales, en un proceso continuo de descapitalización de su patrimonio natural, el cual, pese a su gran riqueza, ya empieza a mostrar síntomas inequívocos de agotamiento”, concluyó Maya.
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