Es un hecho que los partidos Liberal, Conservador y La U (de la coalición de gobierno) le presentarán al Gobierno el próximo lunes un documento en el que piden cambios, de forma y fondo, al proyecto de reforma a la salud. Y todo a cambio de garantizar su apoyo en el Congreso.
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Así quedó acordado luego de una cita entre los presidentes de las tres colectividades en Bogotá. El senador y director de los godos, Efraín Cepeda, dijo que defenderán “la inversión privada porque es necesaria”, y que pelearán por “conservar una estructura pensando en el usuario”. Además, reveló que se sentarán con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, para despejar las dudas fiscales.
La duda sigue siendo sobre qué papel jugarán las EPS, a las cuales estos partidos defienden y buscan preservar, mientras el Gobierno insiste en cambiar, aunque ya con menos radicalismo. Aún así, lo que dejaron claro –sobre todo el Partido Conservador– es que no le caminarán a las facultades extraordinarias al presidente Petro: “¿Para qué estas facultades si podemos construir un proyecto concertado entre los partidos y Gobierno”.
En todo caso, el paquete conjunto de propuestas, peticiones, inamovibles y apoyos sobre la iniciativa que le llevarán a Petro está aún en construcción.
Sin embargo, esto no es lo único que sacude a la reforma, pues los estrados judiciales y las calles comenzaron a ser otros escenarios de debate y tienen al Gobierno en alerta: se generó la primera acción judicial en contra del texto y hay un llamado a las calles para defender el sistema.
En ese sentido, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió una acción de cumplimiento que interpuso el representante Andrés Cadavid (Centro Democrático) para que el presidente de la Cámara, David Racero (Pacto Histórico), someta a votación de la plenaria de esa corporación si el proyecto de ley debe ser tramitada como estatutaria y o como ordinaria. Eso podría agitar el ajedrez político porque influiría en las cargas.
Y, por otro lado, el Movimiento Pacientes Colombia convocó a movilizaciones en varias ciudades en rechazo a este intento reformista del Gobierno, pues lo consideran destructivo del sistema de salud y que empeorará la oportunidad y calidad en la atención.
La demanda que pausaría todo
El centro de la acción de cumplimiento que le aceptaron al representante Cadavid radica en que el presidente de la Cámara –Racero– debió haber citado a sesión plenaria para que todos los integrantes de esa corporación discutieran y votaran cuál debía ser el trámite de la reforma.
Cadavid argumentó en su demanda –conocida por EL COLOMBIANO– que Racero no pudo haberle dado reparto a la Comisión Séptima para que tramitara el proyecto como ley ordinaria, ni que hubiera negado un recurso de apelación contra esto, solo manifestando que la decisión fue concertada con los presidentes de las site comisiones constitucionales de esa corporación.
El representante uribista le explicó a este diario que el reglamento del Congreso “expresa que las apelaciones se hacen en la plenaria” y que en el curso de 20 días hábiles (que terminarían el 29 de marzo) el tribunal “tendrá que decidir si acceden a mi pretensión, lo cual conllevaría a que se suspenda el trámite en la Comisión Séptima para que la apelación sobre si es estatutaria u ordinaria se decida en la plenaria”.
Así mismo, planteó que aunque es poco probable que en ese plazo la comisión que estudia la reforma la apruebe, en ese escenario lo que ocurriría es que “puede que el juez ordene que se decida la apelación en plenaria y en esa instancia votemos mayoritariamente porque sea estatutaria, y tendría que empezar todo el trámite desde cero en Comisión Primera”.
El responsable de esta decisión es un togado con nombre y apellido presidencial: el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, quien fuera también ponente de la sentencia que condenó a la ciudad de Medellín por el derrumbe del edificio Space en octubre de 2013.
Las marchas de los ignorados
Denis Silva es uno de los 13 voceros del movimiento Pacientes Colombia –que agrupa a 195 organizaciones del movimiento que llamó a marchas los próximos 3 de marzo (en Cartagena, Sincelejo, Montería, Barranquilla, Santa Marta, Bucaramanga y Cúcuta) y 9 de marzo (en Bogotá, Medellín, Cali y Popayán) en rechazo a la reforma.
“Esta reforma para los ciudadanos es lesiva, el no construir sobre lo construido es un error garrafal, el que haya 8.240 comités de salud es burocracia, qué pasará con la protección financiera”, le dijo a EL COLOMBIANO al mencionar algunas de sus motivaciones para movilizarse.
En ese sentido, recordó que, además de las 15 razones que mencionaron, está presente la molestia que tienen por no haber sido escuchados lo suficiente por la ministra Carolina Corcho y que las propuestas de reforma que hicieron están condensadas en parte de los textos radicados por el Centro Democrático y Cambio Radical.
Entre tanto, los actores del sistema de salud y las EPS aguardan expectantes si con estas reuniones se le bajará la espuma a los temores que se la han hecho desde la academia y la experticia a esta reforma.
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