Luego de cuatro debates legislativos (2 en Senado y 2 en Cámara de Representantes) el Congreso de la República aprobó la Ley de Emprendimiento Social, que busca reconocer, financiar y visibilizar a los emprendedores sociales del país. Ahora el precepto pasa a sanción presidencial.
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El objetivo de esta es crear un marco legal que permita apoyar la labor de los proyectos que tienen una función social de generación de empleo, transformación de los territorios y construcción de paz. Así, estas iniciativas podrán acceder, por ejemplo, a apoyo financiero diferencial, al tiempo que se abre la puerta para la asignación de entidades estatales responsables de su fortalecimiento y seguimiento.
Igualmente, que la designación de recursos para la promoción e impulso, algo similar a lo que ocurre actualmente con el sector cultural con los Portafolios de Estímulos.
El proyecto, autoría de la senadora Soledad Tamayo, fue apoyado por organizaciones como Recon Colombia, que apoya iniciativas de este tipo en el país.
“Sin duda alguna, contar con un marco normativo para el Emprendimiento Social es indispensable en el actual contexto del país y es una voz de respaldo importante para todos aquellos emprendedores sociales que trabajan por el triple impacto en Colombia”, reflexionó Andrés Santamaría, director de Recon.
La Ley también apuesta por vincular al sector privado y las organizaciones de la sociedad civil como aliados estratégicos en el financiamiento de estas iniciativas sociales. Por otra parte, establece la creación de una plataforma virtual que contribuya a la visibilización de los proyectos en el entorno comercial.
Según Recon; 83,3 % de los emprendedores sociales buscan generar principalmente impacto positivo; 31,1 % impacto ambiental positivo; y 19,3% desarrollo económico, lo cual se conoce como Triple Impacto. Además, 62,7 % de los mismos benefician a algún grupo poblacional víctima del conflicto armado.
Los emprendimientos sociales trabajan en temas como educación, paz, Derechos Humanos, medio ambiente o salud y generan impacto sobre comunidades vulnerables como víctimas del conflicto armado, población Lgbti, población en condición de discapacidad, comunidades afrodescendientes, indígenas y excombatientes.
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