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Conflicto en La Roca: pugna por terrenos para la movilidad de Valledupar
En el barrio La Roca de Valledupar, se desarrolla actualmente un conflicto entre la Alcaldía de la ciudad y los residentes debido a la adquisición de terrenos necesarios para completar una conexión vial clave: el tramo entre el Anillo Circunvalar de Occidente y la avenida Sierra Nevada, iniciativas diseñadas para mejorar la movilidad urbana. La obra, que ha significado una inversión aproximada de 150.000 millones de pesos y consiste en la construcción de un anillo de 10,4 kilómetros —según cifras proporcionadas por la Gobernación del Cesar—, presenta un avance del 95%, pero para ser concluida, es imprescindible adquirir predios localizados en las calles 1 y 1A del sector La Roca, un área identificada por su alta densidad poblacional y vulnerabilidad socioeconómica.
De acuerdo con denuncias de los residentes y el diputado Jesús Suárez, los pagos ofrecidos por la administración municipal para la compra de sus terrenos han sido descritos como “irrisorios”, pues oscilan entre 14 y 20 millones de pesos, mientras que, aseguran, el valor comercial de cada lote ronda los 60 a 70 millones. Esta brecha en la valoración ha generado malestar y profunda preocupación, ya que muchos habitantes enfrentan la posibilidad de recibir una compensación que no les permitiría reubicarse en condiciones dignas. El diputado Suárez también ha criticado que la administración no haya gestionado la compra de predios desde que inició la obra —hace tres años—, y subraya la ausencia de un proceso de socialización y planificación con las familias afectadas.
La situación se agrava por la complejidad en la oferta de compra: en muchos casos, se propone adquirir solamente fracciones de viviendas sin criterios técnicos claros, en detrimento de más de 146 familias, entre las que se incluyen mujeres embarazadas, indígenas y personas desplazadas. El abogado Alais Cuello ha advertido que objetar los avalúos requiere procesos legales costosos y complicados, lo que coloca a los habitantes en una posición de desventaja frente a la administración. Pese a esto, los habitantes señalan que no se oponen al desarrollo de la ciudad, sino que buscan un reconocimiento justo de sus derechos y de los valores de sus propiedades, para evitar un desplazamiento forzado y acceder a una vivienda adecuada.
Este caso resulta representativo de los desafíos urbanos en Colombia y otros países de América Latina, donde la ejecución de grandes obras públicas frecuentemente entra en conflicto con problemáticas de propiedad informal y desplazamiento involuntario. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que la falta de consulta previa, la subvaloración de tierras y la ausencia de estudios de impacto social han sido errores recurrentes en proyectos similares, lo que genera tensiones, resistencia y violaciones a derechos fundamentales. Además, datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) indican que las zonas urbanas vulnerables suelen tener altos índices de informalidad laboral y habitacional, aumentando así la vulnerabilidad de las comunidades afectadas por estas obras.
La experiencia de ciudades como Medellín —donde procesos de adquisición insuficientemente compensados derivaron en demoras y presiones sociales— ha demostrado la importancia de aplicar criterios transparentes, estudios previos y acompañamiento técnico a los afectados, tal como han recomendado entidades como la Organización Mundial del Hábitat y el Banco Mundial. En ese sentido, el caso de La Roca evidencia la necesidad de implementar políticas inclusivas y procedimientos participativos para evitar que el progreso urbano provoque daños sociales difíciles de reparar.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿Qué es un avalúo y cómo se realiza en procesos de adquisición de predios?La realización de un avalúo es una etapa clave en el proceso de adquisición de predios para obras públicas. Un avalúo consiste en la tasación formal y técnica del valor de un inmueble, considerando factores como ubicación, tamaño, condiciones físicas y referencias comerciales en la zona. Este dictamen es elaborado por peritos autorizados y constituye la base sobre la cual se calculan las compensaciones económicas que se ofrecen a los propietarios afectados. La transparencia y objetividad en este proceso son fundamentales para garantizar la justicia y evitar conflictos, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad social, como ocurre en La Roca.
En muchos casos, los propietarios enfrentan dificultades para impugnar avalúos oficiales debido a los costos y la complejidad legal que conlleva el proceso. Por ello, expertos de la Organización Mundial del Hábitat recomiendan la existencia de asesoría técnica gratuita y mecanismos accesibles para que los afectados puedan defender adecuadamente sus intereses durante los procesos de negociación con las entidades públicas.
¿Por qué es importante la consulta previa y la socialización en obras públicas?La consulta previa y la socialización de los proyectos viales o urbanos son mecanismos fundamentales para asegurar que las comunidades afectadas comprendan las implicaciones de las obras y puedan expresar sus inquietudes y necesidades. Tal y como plantea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la ausencia de estos procesos puede vulnerar derechos esenciales, generar desinformación y alimentar conflictos, especialmente en zonas de población vulnerable o con antecedentes de desplazamiento.
Además, la consulta desde etapas tempranas contribuye a la transparencia de la gestión pública y permite ajustar los proyectos con base en las realidades y expectativas de los habitantes. El diálogo, según experiencias recogidas en ciudades como Medellín, no solo ayuda a mitigar la resistencia social, sino que también permite diseñar soluciones más integrales, como compensaciones dignas o alternativas de reubicación, que favorecen tanto el desarrollo urbano como el bienestar de la comunidad.
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