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El 18 de mayo de 2014, 33 niños murieron calcinados al interior de un bus en Fundación (Magdalena). Más de una década después de la tragedia, el Consejo de Estado tomó una decisión respecto a los responsables del hecho. De acuerdo con el alto tribunal, el municipio, el Instituto de Transporte y la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia tendrán que pagar una millonaria indemnización a las familias de las víctimas.
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Según el fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo, la indemnización será colectiva. El pago se basa en “las indemnizaciones individuales de quienes hicieron parte del proceso como integrantes del grupo y las indemnizaciones correspondientes a las solicitudes que llegaren a presentar oportunamente los interesados que no hubieren intervenido en el proceso y que reúnan los requisitos exigidos en esta providencia”.
El alto tribunal estableció que la iglesia asumirá el 80 % del total del pago, es decir, un equivalente a 14.320 salarios mínimos legales mensuales. Por su parte, el municipio se encargará del 10 %, que se traducen en 1.790 salarios mínimos legales mensuales.
La tragedia, en la que también falleció una mujer, ocurrió el domingo 14 de mayo de 2014, cuando los niños asistían a la iglesia, bajo el cuidado de Manuel Salvador Ibarra. Los menores se transportaban en un bus conducido por Jaime Gutiérrez Ospino. Ambos fueron enviados a la cárcel acusados por el delito de homicidio simple en concurso homogéneo y simultáneo, en la modalidad de dolo eventual. En diciembre de 2017, una jueza de Santa Marta les otorgó la libertad a ambas personas.
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Sin embargo, en mayo de 2021, el pastor Salvador Ibarra falleció en una clínica de Barranquilla de COVID-19. Una de las niñas víctimas era su hija. Siempre alegó que lo ocurrido fue un accidente.
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