Luz Mery Sepúlveda Molina, quien hasta el 30 de abril de este año fue la comisaria de familia de Buenavista, renunció a su cargo por las amenazas que sufrió por parte de, presuntamente, exintegrantes de las Farc y por los constantes ataques, desde hace 2 años, a su integridad.
La mujer habló con LA CRÓNICA después de enseñar los soportes de las denuncias penales que interpuso para que fuera protegida por el Estado como lo fue hace unos meses atrás por parte de la Unidad de Protección Nacional, UPN.
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“Todo empezó desde hace 2 años cuando ejercí mis funciones en la restitución de derechos de 2 menores de edad, de 11 y 13 años, que estudiaban en el colegio Río Verde de Buenavista, de donde llegó a la comisaría una denuncia por presuntos delitos sexuales cometidos en contra de los preadolescentes y cuyo victimario sería el progenitor, un reinsertado de las Farc”, expresó la ciudadana.
Y agregó: “Efectivamente se pudo concluir que los menores de edad sufrían el abuso sexual y, como el victimario era su familiar cercano, había que retirarlos del medio familiar para entregarlos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, situación que desencadenó la furia del señalado, que me amenazó asegurando su presencia activa en el grupo guerrillero”.
Sepúlveda Molina indicó que fue perseguida por un grupo de personas que generaron en contra de ella todo tipo de intimidaciones y ataques.
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“Recuerdo que me decían que me tenían vigilada a mí y a mi familia, tanto es así que en una ocasión cuando me movilizaba con rumbo a Armenia desde Buenavista me entró una llamada y era un hombre que me aseguró que yo estaba bajo sus ojos, en ese instante me dijeron en qué bus iba, con número de placa y número de vehículo”, expresó la excomisaria de familia de Buenavista.
Esta intimidación no terminó allí. “Hubo un momento en que un hombre se bajó en el corregimiento de Barcelona, Calarcá, —vestía una bermuda y una camiseta— cuando se bajó me mostró una pistola y me dijo que me quedara callada. Después, cuando el bus se iba cerca del barrio Génesis, de Armenia, otro sujeto se bajó del vehículo y me dijo que me callara ‘o ya sabía qué era lo que me iba a pasar’”.
Ese día Luz Mery Sepúlveda Molina entró en pánico, llegó a la Terminal de Transportes de la capital quindiana donde se contactó con la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, que abrió el proceso judicial, además, las autoridades decidieron disponer de un grupo de seguridad adscrito a la Unidad de Protección Nacional, UNP, para protegerle la vida.
El proceso penal continúo, pero, al parecer, no terminó en nada y la seguridad dispuesta para ella fue retirada y, hace un año —manifestó la ciudadana— 2 sicarios motorizados la abordaron, a ella y a su hijo, en frente de su casa donde fueron atacados con cuchillos, pero, gracias a la intervención de uno de sus vecinos, que estaba armado, los criminales escaparon del lugar de los acontecimientos.
“El 28 de marzo de este año recibí otro proceso en el que 2 menores, de 14 y 15 años, llegan a la comisaría de familia de Buenavista y denuncian que eran objeto de explotación laboral y mendicidad por parte de su padre y su hermano mayor, esto generó la apertura legal del proceso lo que también generó la rabia en los hombres que, según dijo una de las víctimas eran del departamento del Cesar, donde pertenecían a un grupo armado organizado y que ahora estaban acá en el Quindío”, indicó Sepúlveda Molina.
A pesar de ello y de la pelea que uno de los implicados tuvo con la Policía, la funcionaria decidió continuar trabajando, pero el 7 de abril de este año recibió otra amenaza de muerte que la llevó a entregar su carta de renuncia irrevocable al alcalde de Buenavista, Alexis Gómez Gómez.
“Hasta el 30 de abril del 2022 trabajé en el municipio y pensé que todo se había acabado, pero no fue así, el pasado 25 de mayo recibí una llamada a mi celular por parte de un hombre desconocido que me dijo que ni creyera que por el hecho de haber renunciado me iba a salvar, que era objetivo militar de las Farc y esto llevó a que yo interpusiera las denuncias ante las autoridades, pero hasta ahora no he tenido respuesta de las mismas y siento que mi vida y la de mi familia corren peligro”, finalizó.
Ante esta situación, Magda Inés Montoya Naranjo, secretaria del Interior del Quindío, dijo que se hizo un consejo de seguridad en ese municipio para saber qué acciones tomar. Así mismo, Diego Agredo Campos, secretario de Gobierno de Buenavista, dijo que se analizará la denuncia antes de cualquier pronunciamiento.
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