“Esta semana eso quedó en evidencia cuando Uribe llamó a una sumisa y obsecuente gerente de la Agencia Nacional de Tierras, Myriam Martínez, a darle órdenes que ella acató como un perrito faldero”, manifiesta Bejarano en su habitual columna dominical.

En otro contexto, indica el abogado y analista político, contra Uribe estaría en curso una investigación penal y disciplinaria por el delito de tráfico de influencias, pero lo que hay es una aceptación de que el expresidente está disfrutando a sus anchas de un “tercer mandato”.

Y las repercusiones en materia de gobernabilidad son evidentes: Duque –el subpresidente, como lo llama Bejarano– tendría que pedir permiso a Uribe para hacer lo que políticamente debería ser viable para afrontar una crisis en ascenso como es el paro social indígena en el Cauca.

“Duque y sus desgastados voceros han asumido como gran argumento echarle la culpa al gobierno Santos, ignorando que fue el propio régimen de Duque quien retiró el trámite de un proyecto de ley presentado por el gobierno anterior que habría traído importantes recursos a ese sector del país”, advierte el columnista.

Yerros, improvisaciones, terquedades, boberías y hasta torpezas es lo que Bejarano identifica en el manejo gubernamental de las protestas indígenas, que amenazan con profundizar la polarización del país y evidencian que a lo que a Duque le sobra son ganas de incendiar las manifestaciones.

Ahora el Gobierno trae en su auxilio al fiscal Néstor Humberto Martínez, quien ya empezó a regar gasolina en la carretera Panamericana, con su decisión de meter a la cárcel a un buen número de indígenas, con quienes orgullosamente dijo haber estrenado la Ley Natalia Ponce de León. Esto es el camino sin regreso, que bien puede terminar en algo parecido a una tragedia”, subrayó Bejarano en El Espectador.