Si bien es poco probable que prospere una sanción en contra de Gustavo Petro por aparentes irregularidades en las cuentas de la campaña que lo llevó a la Presidencia, no es un hecho menor que tenga que dar explicaciones por líos que van desde aparentes violaciones de topes de financiación hasta pagos a empresas fantasma.

Detrás de los hallazgos se encuentra una auditoria que, por ley, el Consejo Nacional Electoral (CNE) hace a las cuentas de todos los candidatos. En el caso de Petro, un grupo de contadores de la firma colombiana Nexia Montes & Asociados le puso lupa a sus cuentas y encontró, entre otras presuntas irregularidades, que habrían modificado una factura para evitar volarse los topes de financiación.

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Según la Revista Cambio –que publicó el informe de auditoria–, durante la primera vuelta la campaña se habría visto obligada a anular una factura de una empresa de vigilancia contratada para prestar servicios de escolta por $77 millones para evitar sobrepasar los máximos que tienen autorizados a gastar los candidatos en campaña, en este caso $28.536 millones.

Aunque inicialmente esos $77 millones fueron reportados, pasado un mes –con un Petro triunfador en primera vuelta– se invalidó la factura, pues la compañía hizo un reembolso de $38,6 millones. ¿Qué había detrás? Los auditores lo sugieren en su informe: “Si no se hace este ajuste al contrato, la campaña sobrepasaba el tope de gastos permitido (…) La dirección de la campaña no brinda las explicaciones de la reversión”.

Otro factor acrecienta las dudas. Detrás de la empresa –Seguridad Privada y Vigilancia Olimpo Seguridad– se encontrarían los hermanos Eduardo y Polo Ávila, allegados del Jefe de Estado, al punto que el primero funge hoy como embajador en España y el otro es su representante en la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Por si fuera poco, Polo Ávila –quien fue gerente del Fondo de Vigilancia en la Alcaldía Petro–, resultó salpicado en una investigación por un cartel de vigilancia privada dedicado a engañar al Estado para hacerse a contratos. En respuesta, Ávila negó relaciones con la empresa, pese a que Cambio demostró que su hermano y su madre figuran como accionistas en una fusión con otra compañía.

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A estas irregularidades se suman pagos a empresas por más de $450 millones que –reveló la auditoria– se registraron en la Cámara de Comercio de Bucaramanga y Piedecuesta (Santander) solo después de hechos los negocios. Es decir, al momento de hacer los pagos no existían formalmente. En medio de las transacciones se evidenció, además, que algunas de las facturas expedidas no fueron electrónicas (pese a ser su obligación) o que no se discriminó el IVA

En materia publicitaria, frente en el que Petro más gastó plata –más de $19.500 millones solo en primera vuelta (ver infografía)–, el informe indicó que hay incertidumbre por un contrato y los sitios donde fueron instaladas vallas por las que se pagaron más de $178 millones. Además, que el contratista José Orlando Riveros, que proporcionó publicidad para Petro por $1.446 millones –y que había tenido contratos en su Alcaldía– no presentó información financiera de 2020, 2021 y 2022.

Ante los cuestionamientos, el gerente de la campaña Petro, Ricardo Roa –quien suena para la presidencia de Ecopetrol–, negó cualquier irregularidad en y explicó que nunca se violaron los topes, pues el informe de auditoria determinó que los gastos ascendieron a $28.517 millones, mientras que lo reportado al CNE fue de $28.384.

Es decir, $152 millones menos que el límite fijado. Defendió también que se redujo el número de escoltas de 5 a 10, lo que explica porque hubo reembolso de recursos.

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Pese a los hallazgos, fuentes dentro del CNE le contaron a este diario que, aún si el caso escala hasta una investigación, es incierto que haya sanciones contra la campaña y contra el jefe de Estado. En primer lugar, hay que tener claro el paso a paso del proceso y sus tiempos.

Una vez se cuenta con el informe de auditoria, es el Fondo de Campañas de la autoridad electoral el llamado a corroborar la información y remitirle a los magistrados para que ellos determinen si abren o no investigación. Ese proceso puede durar varios meses y, en caso de que –por mayoría– la sala plena ordene investigación, el caso sería asumido (vía sorteo) por un magistrado que “se tardaría hasta dos años en tomar decisiones”.

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“El CNE es un cuerpo político, conformado por gente que postulan los partidos. Hoy la mayoría de magistrados son cercanos a Petro. Es incierto si serán independientes”, dijo una fuente al interior del organismo.

Por si fuera poco hay que tener en cuenta precedentes como las investigaciones contra el expresidente Juan Manuel Santos o el excandidato Óscar Iván Zuluaga por el escándalo de Odebrecht y el supuesto ingreso de dineros a sus campañas. Ambos terminaron archivados y, de hecho, los magistrados a cargo terminaron con cargos públicos.

Por un lado, Carlos Camargo, a cargo de la investigación contra Zuluaga, fue postulado para defensor del Pueblo. Por el otro, Luis G. Pérez, quien participó en el caso Santos, hoy es superintendente de Subsidio Familiar.

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Y es que solo en tiempos de Ernesto Samper (1996) y el proceso 8.000 el CNE llegó a formularle cargos a un jefe de Estado, en ese caso, también por violación de topes de campaña.

“Aun cuando lo de Petro prospere, el CNE no tiene dientes. No puede suspenderlo ni destituirlo. Podría decretar multas o sanciones contra su partido”, explicó un exmagistrado que pidió reserva de la fuente.

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