Eso aseguró El Tiempo, en la noche del viernes, citando parte del auto del magistrado del Consejo de Estado, Guillermo Sánchez Luque, que ratificó lo dicho por el Tribunal Superior y tumbó, definitivamente, la pretensión económica de Cárdenas y su familia.
Según el documento, citado por el diario, el término de los dos años para solicitar la reparación empezó a correr el 20 de enero del 2015, un día después de la ejecutoria de la sentencia de Cárdenas —que salió absuelto de la investigación por la extraña muerte del universitario de Los Andes Luis Andrés Colmenares, en octubre de 2010.
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Sin embargo, luego el término se suspendió, entre el 23 de diciembre de 2016 y el 20 de febrero de 2017, por “la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial”. El plazo, entonces, se alargó hasta el 21 de marzo de 2017, pero la demanda para pedir la indemnización se instauró a destiempo, el 17 de mayo, por lo que “operó el fenómeno preclusivo de la caducidad”, puntualizó la decisión del Consejo de Estado, publicó el medio.
La familia de Cárdenas pedía alrededor de dos mil millones de pesos de indemnización, de acuerdo con El Tiempo, aunque hace ocho meses, cuando salió la primera negativa de la reparación, se indicaba que era de 1.500 millones.
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El monto solicitado, según los Cárdenas, era el equivalente a lo que habían gastado en la defensa de Carlos “(748 millones de pesos)”, los daños morales que les ocasionaron cuando el joven fue señalado de homicidio y cohecho “(937 millones repartidos entre Carlos, sus papás y dos hermanas)” y el tiempo en que lo privaron de la libertad, “42 días (442 millones)”, puntualizó el periódico.
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