Correa explica que en el acuerdo de paz se estableció que la JEP debía tener instituciones separadas según su especialidad. Según eso, serían tres grandes divisiones con funciones específicas: la Magistratura conformada por las salas y secciones que estudiarían los casos, la Fiscalía encargada de investigar y acusar, y la Secretaría Ejecutiva estaría al frente de las cuestiones administrativas.
Sin embargo, según Correa, luego de que los 38 magistrados fueron seleccionados y se posesionaron, 9 de ellos conformaron un ‘comité estratégico’ para quitarle funciones a la Secretaría Ejecutiva y adoptarlas para sí. Funciones que no son propias de las razones por las que fueron designados, y con ello configurar un nuevo marco normativo “que los beneficia”.
Según el exsecretario, esos 9 magistrados son amigos de Patricia Linares, presidenta de la JEP, y la conformación de ese grupo se empezó a gestar en un desayuno en el restaurante El Comedor, el pasado 6 de octubre de 2017. Desde allí se diseñaría “una propuesta para modificar la distribución de poderes al interior de la JEP”.
El nuevo comité tuvo como objetivo “incidir y hacer lobby con el fin de modificar las funciones que se habían conferido al SE [secretario ejecutivo] en el Acuerdo de Paz, en el Acuerdo Especial de la Secretaría, en el Acto Legislativo y en el proyecto de ley estatutaria de la JEP. La idea concreta era quitarle esas funciones al SE, pasárselas a los magistrados, apoderarse del diseño y nombramiento de la planta de cargos y excluir al SE del órgano de gobierno, para que no tuviera voto”.
En relación a los cargos, Correa señala que él propuso una planta de 440 personas, con la posibilidad de variar a lo largo de los años según las cargas de trabajo que tuviera cada despacho. Sin embargo, ese comité presentó una contrapropuesta para tener “386 [cargos] que serían de su libre nombramiento y remoción”, el doble de lo que él propuso desde la Secretaría Ejecutiva.
Al final, obtuvieron 10 cargos de libre nombramiento y remoción para casa uno de sus despachos. “En total la JEP quedó con 873 cargos, de los cuales los magistrados nombran directamente 479 personas”, denunció Correa.
Señala también que lograron una concentración del poder y en el reglamento establecieron un periodo de dos años al Secretario Ejecutivo, que no había sido contemplado en el acuerdo de paz.
“Por ejemplo, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, asume la función de conceder las licencias, incapacidades, permisos, vacaciones, comisiones, viajes, etc., de todo el personal de la JEP. Ni siquiera en la rama judicial los magistrados se inmiscuyen en estos asuntos propios de un jefe de personal. Y algunos magistrados se dedicaron a la microgerencia (edificio, contratos, computadores, etc.), repitiendo errores de la rama judicial”.
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En ese sentido, Correa critica que los magistrados se presentaran al concurso para hacer parte de la JEP conociendo las condiciones, pero que al posesionarse dejaran de estar de acuerdo con ellas y decidieran modificarlas.
“Los magistrados vieron en la JEP un botín burocrático y buscaron quedarse con él”, afirmó el exsecretario, y lograron configurar una JEP que “compromete el funcionamiento de un sistema de justicia transicional, que pone en riesgo los derechos de las víctimas y que privatiza el interés general”.
Correa finalizó diciendo que estas razones fueron las que motivaron su renuncia y no “la contratación de los recursos de la JEP, tema que era liderado por otras instituciones”.
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