Tras el llamado de la comunidad, la Policía capturó a un hombre de 23 años en el municipio de Peque, Occidente antioqueño, señalado de abusar de su propia hermana, una menor de 15 años.

La Policía determinó que el hombre consumió alcohol y drogas y posteriormente se desplazó hasta su casa en el barrio Villa nueva, donde violentó a su hermana.

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La comunidad se percató de la situación por los gritos y llamaron a las autoridades que llegaron en minutos y capturaron al hombre que ahora deberá responder por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 18 años y puesto a disposición de la autoridad competente para su judicialización.

La captura de este hombre se suma a otra ocurrida esta semana en el departamento, también por delitos sexuales contra menores de 18 años.

Se trata de una psicóloga que fue capturada en la sala internacional del José María Córdova, minutos antes de que lograra tomar un vuelo. La mujer, de 24 años, es señalada del delito de pornografía con menor de 18 años y fue puesta a disposición de la autoridad que la requería en el municipio de Concordia para imputarla y ponerle medida de aseguramiento, decisión emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de esa población del Suroeste de Antioquia.

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Estos delitos contra niños, niñas y adolescentes en Antioquia van en aumento. Según RedPapaz, el departamento ocupa el segundo lugar en reportes de estos delitos, solo superado por Bogotá. El 13,34 % de los reportes de 2022 en todo el país ocurrieron en Antioquia. Según cifras de Medicina Legal y de la Fundación de Atención a la Niñez, cada día cinco menores de edad son víctimas de violencia sexual en Antioquia.

El gran problema sigue siendo el subregistro y la falta de denuncias. Por ejemplo, entre enero y noviembre de 2022 la Alcaldía de Medellín atendió a 157 menores de edad víctimas de explotación, no solo de la ciudad, sino también de otros municipios de Antioquia (6 casos) y de procedencia desconocida (18 casos). En 2020 fueron atendidos 159 menores de edad y en 2021 fueron 100. Estas cifras son abismalmente inferiores a los casos reales, lo que evidencia que faltan rutas de atención y garantías para que las familias denuncien.

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