El ente de control comunicó que 1.489 órdenes de vivienda priorizadas entre el 2018 y 2019 hay un rezago de 1.392 peticiones, lo que equivale a un incumplimiento del 93 %.
Por lo mismo, la Procuraduría les pidió explicaciones al Ministerio de Agricultura, al Banco Agrario y a Fiduagraria sobre el retraso en la entrega de las casas de campesinos desplazados.
“De no producirse cambios frente a la política de vivienda rural y al cumplimiento de los fallos de restitución, aumenta el riesgo de que los campesinos enfrenten la pérdida de su identidad, de las prácticas culturales, del relacionamiento con la naturaleza, se profundiza la ruptura del tejido social y la amenaza frente a la falta de medios para su subsistencia y la soberanía alimentaria del país, riesgo que se acrecienta en momentos de pandemia”, alertó la entidad.
Por la emergencia del coronavirus, más de 1.200 familias campesinas, víctimas de desplazamiento forzado, han recibido beneficios como subsidios de alimentación y vivienda. No obstante, hay otro grupo que sigue a la deriva.
En ese sentido, la Procuraduría le pide al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social que garantice que los afectados puedan acceder a los programas y servicios creados por el COVID-19.
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