Según la Policía, los detenidos identificaban en barrios periféricos a familias desplazadas por grupos al margen de la ley, para obligarlos a guardar armas y alucinógenos en sus viviendas a cambio de ganancias económicas. Si no obtenían una respuesta positiva, procedían a coaccionarlas mediante amenazas.

Los presuntos integrantes de la organización fueron capturados mediante tres allanamientos en la invasión Las Margaritas, donde fueron detenidas dos mujeres y un hombre. No obstante, un cuarto hermano y su esposa lograron huir y al parecer salieron del país, por lo cual se solicitó la emisión de una circular de Interpol.

Amenazas

Según la Policía, que los detenidos en una ocasión intentaron incendiar la casa de una familia con dos menores de edad en su interior y la obligaron de nuevo a desplazarse hacia otras ciudad.

La estructura delincuencial hizo que cerca de 20 personas de cinco familias en Ibagué abandonaran sus viviendas y se fueran a otras partes de la ciudad e incluso del país.

Luego de que las familias salían de las casas, los inmuebles eran ocupados por los miembros de la estructura, que los utilizaban como bodega de armamento o punto de venta de estupefacientes, lo que dejaba rentas criminales superiores a 150 millones de pesos anuales.

Asimismo, dentro de la investigación se estableció que este clan presuntamente usaba a sus propios hijos para la distribución de alucinógenos y armas en el sector.

Se trataba de un grupo de 8 niños, de uno a 5 años de edad, a quienes les fueron restablecidos sus derechos ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Entre las víctimas está una familia que había abandonado una pequeña parcela de dos hectáreas debido a las amenazas de la guerrilla de las Farc en Ataco en 2011. El jefe del hogar decidió ir a Ibagué con su núcleo familiar para trabajar y salir adelante, pero después de hacer un gran esfuerzo por construir una vivienda con madera y zinc, la banda lo revictimizó y tuvo que salir de su casa con sus seres queridos.

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