La Procuraduría General de la Nación inició indagación para establecer si existe responsabilidad disciplinaria por parte de empleados públicos en caso de violencia racista en Paya, Boyacá.
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El caso de presunto racismo denunciado durante el fin de semana se dio en contra de la docente afrocolombiana, Kerlin Murillo Mena y sus hijos Keiner Joel Córdoba, de cinco años, y Keyler Yojackson Córdoba, de nueve años, en la vereda de Morcote en Paya.
“El Ministerio Público rechazó todo acto de discriminación que se realice contra cualquier persona en suelo colombiano o fuera de él y posteriormente, designó la constitución de una agencia especial en los procesos penales que se hayan abierto con ocasión de las denuncias”, dice la Procuraduría.
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Además, inició vigilancia del proceso administrativo de restablecimiento de derechos de los menores que al parecer están vinculados en los hechos que conmociona a todo el departamento de Boyacá.
El hecho de violencia racista se habría presentado desde el año 2021, cuando la docente de inglés Kerlin Murillo Mena, logró conseguir trabajo como docente en la institución educativa El Rosario.
Según cuenta la docente, desde el primer día fue víctima de discriminación por parte de los docentes y de los estudiantes en contra de sus hijos.
“Nos atacaron por pertenecer a la población negra y afrodescendiente. Por la pigmentación de nuestra piel fuimos agredidos de todas las formas, hasta el punto de que mis hijos fueron abusados”, contó la docente a Semana.
De acuerdo con la madre de los menores, luego que terminara el aislamiento, producto de la pandemia, y que profesores y estudiantes regresaran a la presencialidad, ocurrieron los hechos de violencia en contra de su familia.
Narra que uno de sus hijos fue abusado por cerca de siete menores más, además de recibir fuertes golpes en todas las partes de su cuerpo.
Por los hechos, la Procuraduría General rechaza el acto de violencia racista y expone que la “segregación es una conducta sin cabida en el comportamiento de las relaciones personales y profesionales”.
Frente al caso de violencia, la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, rechazó el acto y pidió a la Fiscalía investigar el caso.
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