El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Un operativo reciente movilizó a las autoridades de Bogotá tras una serie de reportes ciudadanos sobre un caso de maltrato animal en la localidad de Rafael Uribe Uribe, al suroriente de la ciudad. La intervención fue liderada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), en conjunto con la Policía Ambiental. La acción surgió gracias a las denuncias reiteradas de vecinos que observaron la precaria y habitual situación de cinco perros que permanecían en estado crítico dentro de una vivienda de la zona, según el informe recogido por El Espectador.
El equipo del Escuadrón Anticrueldad de IDPYBA, conformado por médicos veterinarios, inspeccionó el lugar y verificó las malas condiciones en las que vivían Taisa, Princesa, Regalito y dos cachorros más. Los animales se encontraban atados permanentemente con lazos, lo que dificultaba su movilidad y les impedía comportarse de manera natural. Además, no contaban con espacios adecuados para alimentarse ni hidratarse, lo que agravaba su situación de vulnerabilidad, cita el reporte oficial del instituto.
El director del IDPYBA, Antonio Hernández Llamas, confirmó que los perros fueron llevados bajo la protección oficial para recibir atención veterinaria y cuidados necesarios. Hernández Llamas enfatizó la importancia de las herramientas de denuncia, destacando que fue la documentación aportada por la ciudadanía la que permitió coordinar una respuesta prioritaria y efectiva, garantizando así el rescate de los caninos.
El maltrato en Bogotá no se limita a la agresión física; la omisión de cuidados, el confinamiento excesivo y la ausencia de atención veterinaria constituyen igualmente razones para que los animales sean rescatados preventivamente. Las personas responsables de la vivienda podrían enfrentar sanciones, como resultado de la Ley 1774 de 2016, normativa que reconoce a los animales como seres sintientes dignos de protección.
Las autoridades recomiendan utilizar rutas oficiales para denunciar situaciones de riesgo, como la Línea de Emergencias 123, la plataforma “Bogotá Te Escucha”, o el correo institucional del IDPYBA, adjuntando evidencia fotográfica y la dirección precisa. Este protocolo busca evitar alertar a posibles infractores y facilitar el accionar de las entidades competentes.
Este episodio se da en un contexto de especial sensibilidad, motivado por el caso de Tony, un perro arrojado desde la altura de un edificio en Kennedy luego de ser atacado presuntamente por un hombre bajo los efectos de sustancias psicoactivas, el 18 de marzo. Este crimen conmocionó a la ciudad y abrió un fuerte debate sobre la severidad de las penas. Prueba de ello es la llamada Ley Ángel (Ley 2455 de 2025), que endurece las sanciones: ahora el maltrato animal con resultado de muerte establece entre 32 y 56 meses de prisión, sin beneficios de excarcelación si se demuestra sevicia.
La vigilancia ciudadana, que fue clave en Rafael Uribe Uribe, es lo que las autoridades pretenden potenciar para prevenir tragedias como la de Tony. Tan solo en lo que va de 2026, el IDPYBA ya ha intervenido en miles de casos, reafirmando que la denuncia oportuna puede marcar la diferencia entre la impunidad y la justicia en la protección animal en la ciudad.
Para saber más sobre los acontecimientos en Bogotá y Cundinamarca, El Espectador invita a visitar la sección “Bogotá” de su portal.
¿Qué significa “aprehensión material preventiva” en casos de maltrato animal?
El término “aprehensión material preventiva” aparece en la normativa sobre protección animal y en los reportes oficiales del IDPYBA. Este concepto se refiere a la retención inmediata que puede realizar la autoridad competente sobre el animal que se encuentra en situación de sufrimiento o riesgo, antes de que se lleve a cabo un proceso legal contra los presuntos responsables.
La medida busca garantizar la protección del animal, evitando que continúe expuesto al maltrato mientras se resuelven los procedimientos judiciales o administrativos correspondientes. Gracias a esta figura jurídica, implementada en leyes nacionales como la Ley 1774 de 2016, los animales víctimas pueden recibir atención veterinaria urgente y encontrar un ambiente seguro mientras avanza la investigación de los hechos denunciados.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
